Los últimos días hemos visto en Chile cómo el acuerdo para cambiar el sistema electoral mayoritario binominal, por uno proporcional corregido, y el sistema presidencial por uno semipresidencial, establecido entre los partidos Demócrata Cristiano y Renovación Nacional, oposición y gobierno respectivamente, ha generado gran polémica en el contexto del llamado gubernamental a emprender reformas políticas, a la luz de las demandas estudiantiles del 2011.

Si bien, la tinta ha corrido profusamente desde la implementación de este sistema electoral en 1989, quisiera retomar la base de la discusión: el sistema mayoritario binominal que rige las elecciones desde el 14 de diciembre de 1989, es un sistema a escala nacional, inédito en el mundo y que fue implementado sin consultar a los chilenos sobre cómo querían traducir los votos en escaños.

El sistema tiene un pecado original centrado en la legitimidad de origen pero, además, la ley que lo creó buscaba la "formación de grandes partidos políticos" o "grandes corrientes de opinión" (Mensaje proyecto de Ley). El sistema se diseñó para "forzar" un bipartidismo con la intención de cambiar la realidad multipartidista existente hasta 1973.

Sin embargo, éste no contribuye a reducir el número de partidos políticos ni el de candidatos, sino que tiende a esconder el multipartidismo que existe al interior de las dos grandes coaliciones existentes en Chile: una que reúne a los partidos de centroizquierda, conocida como Concertación, y la otra que busca unir a los de derecha y que hoy -tras 50 años- son gobierno, denominada Alianza por Chile. Dicho de otra manera, el régimen autoritario buscó remodelar vía un nuevo sistema electoral, la vieja dinámica tripartita (Izquierda-Centro-Derecha), a una bipartita (Concertación de Partidos por la Democracia-Alianza por Chile).

No extraña que el sistema electoral binominal haya sido calificado como “único”, “sui generis” y por último “exótico”. Esto especialmente visto desde la Concertación, ya que debe asumir en cada proceso electoral que existe un multipartidismo dentro de la coalición, lo que genera un misterio sobre cuántos votos tiene efectivamente cada partido en el nivel nacional y local.

También, que con anterioridad a una elección se generarán negociaciones para acordar pactos por exclusión, lo cual distorsiona la realidad del sistema de partidos, dada la designación de candidatos al Congreso (dos por distrito o circunscripción) y para alcaldes (uno a partir de 2004). Es esperable entonces, que cada una de las negociaciones sea compleja, al punto de preguntarse si el peso electoral de cada partido queda prácticamente resuelto en las negociaciones para designar candidatos para elecciones al congreso y al municipio, y si internamente en los partidos, el sistema electoral contribuye a una fuerte oligarquización.

Lo anterior es especialmente notorio en vista de las próximas elecciones municipales, donde la oposición tiene que ponerse de acuerdo en un solo candidato y, a la vez, articular un acuerdo electoral con el Partido Comunista para obtener un pacto por exclusión, lo cual tensiona la relación entre las directivas de partido y sus militantes.

Ahora bien, un ingrediente olvidado en la discusión sobre el sistema electoral binominal y sus efectos sobre los partidos y coaliciones, es el enorme poder de las comisiones negociadoras, ya sea por los nombres de los candidatos propuestos y acordados, que pueden ser calificados como “fuertes” o “débiles”, como por los distritos, circunscripciones o alcaldías donde se establecen omisiones, las que -por lo demás-, generan fuertes resistencias en las bases partidarias. Si bien, los negociadores tienden a negar este “poder” en base al argumento que ellos sólo aplican las instrucciones que reciben de sus respectivas directivas nacionales, aún existe la sospecha de que su influencia va más allá del sólo “acto de cuadrar la caja”.

Los negociadores, contrario a lo que se podría suponer, se ven beneficiados por los efectos que genera el sistema electoral. Este desincentiva que los partidos abandonen las coaliciones y presenten candidatos por su cuenta y, a la vez, excluye de la representación a los partidos que no poseen capacidad para coaligarse, castigando las candidaturas fuera de las coaliciones  mayoritarias.

Un buen ejemplo de esto son los negociadores al interior de la Concertación, los que deben concordar -como bien grafican los politólogos norteamericanos Carey y Siavelis-, “60 listas de candidatos para la Cámara de Diputados, 9 ó 10 listas de candidatos para el Senado, lo que depende del ciclo de rotación en la cámara alta”.

Un segundo beneficio estriba en lo que se ha llamado el “seguro para los subcampeones”, que no es más que la promesa cierta de acceder a un cargo en el gobierno, si se es derrotado en una elección, principalmente al Congreso. En palabras del británico y gran conocedor de Chile, Alan Angell, el proceso de negociación termina recayendo en una pequeña elite, estimulando la lucha de poder entre las distintas facciones existentes en cada uno de los cuatro partidos que componen la Concertación. Esto genera que a nivel regional y local, las estructuras partidarias y los militantes tengan escasa influencia.

Es importante recordar que el sistema electoral, Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones y Escrutinios del 6 de mayo de 1988, originalmente no consideraba la posibilidad de pactos entre partidos, pero la reforma de julio 1989 los permitió dentro de las listas de candidatos. Ante esto, los negociadores han sido relevantes para explicar el éxito y continuidad de la coalición de oposición que en 1989  impuso la marca electoral “Concertación”, a la vez que, simultáneamente y de forma paulatina, fue capaz de ir reduciendo el número de partidos que la componían de 17 hasta llegar a cuatro, sin generar quiebres ni “transfuguismos” importantes.

La paradoja es que el éxito de los negociadores contribuyó a que el sistema electoral binominal fuera atractivo para los candidatos que iban a las reelecciones en el pacto electoral de la Concertación.