El 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua. Uno de los 17 objetivos establecidos por la ONU para el desarrollo sostenible es el agua limpia y saneamiento. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua, el saneamiento inadecuado, sequías reiteradas, eventos meteorológicos extremos y mayor presión por el recurso hídrico, son realidades que Chile comparte con otros países del mundo.

En marzo de 2014, cuando asumió el gobierno la presidenta Michelle Bachelet, instruyó la creación de un Comité de Ministros del Agua, el cual concordó acciones en gestión, inversiones y una estrategia con distintos proyectos de ley para avanzar en una reforma sustantiva de la legislación vigente.

Nuestro marco regulatorio data de 1981, diseñado en un escenario de abundancia de agua, donde la escasez hídrica, la prioridad para el consumo humano, la preservación ecosistémica, la transparencia de la información, el control de las extracciones y la necesaria adaptación al cambio climático no eran una componente del debate.

El gobierno impulsó entonces reformas al Código de Aguas, más la creación de los Servicios Sanitarios Rurales, iniciativas que ya se encontraban en trámite legislativo. La primera iniciativa, que crea los Servicios Sanitarios Rurales compromete a la administración con la gestión de los comités y cooperativas rurales no sólo para el acceso al agua potable, sino también el saneamiento para más del 80% de la población rural que hasta hoy no ha contado con este beneficio. Esta ley fue recientemente promulgada el 6 de febrero de 2017 por la presidenta de la República.

El segundo proyecto de ley, que venía discutiéndose desde 2011, persigue un equilibrio entre el derecho humano de acceso al agua y saneamiento con la preservación ecosistémica y el desarrollo productivo. Se consagran los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento por sobre otros usos, estableciéndose un conjunto de disposiciones que fortalecen este principio; se profundiza la función ecosistémica de las aguas, prohibiéndose la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares, en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad y en acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales andinos, desde Arica a Coquimbo, entre otras disposiciones. Además, se consagra el principio de sustentabilidad del acuífero, protegiéndose las aguas subterráneas cuando la explotación de éstas produzca una degradación del acuífero que afecte su sustentabilidad, facultándose la limitación temporal de las extracciones. En aguas superficiales, se faculta a la Dirección General de Aguas para redistribuir las aguas entre las secciones altas y bajas de un río que se encuentre seccionado y a solicitud de una de las juntas de vigilancia.

También se consideran medidas para prever y sancionar la tenencia ociosa y especulativa de derechos de aprovechamiento, para que éstos sean devueltos a la sociedad y redistribuidos a quienes sí lo necesiten. Por último, busca facilitar que los miles de derechos ancestrales de agua puedan ser efectivamente regularizados con un trámite sencillo y de modo colectivo por las Organizaciones de Aguas (juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas).

Finalmente, otra reforma al Código de Aguas, también votándose en el Senado, tiene relación con mejorar la transparencia en la información, aumentar las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA) y la cuantía de las sanciones que hoy se aplican, a fin de que violar la ley, perjudicar los derechos de terceros y dañar la sustentabilidad de los acuíferos, deje de ser pan de cada día.

En forma complementaria a lo anterior, el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de Unesco, que preside la Dirección General de Aguas, fue creado para asesorar al gobierno de Chile en consolidar los lineamientos del Programa Hidrológico Internacional (PHI) y está conformado por instituciones públicas y privadas. Este Comité ha ido construyendo una red de trabajo interdisciplinario para hacer más visible la problemática del agua y el estudio de soluciones, involucrado a los más jóvenes a investigar propuestas e innovaciones en torno al agua como el concurso Junior del Agua; generando también un nodo de instituciones académicas y de investigación que se apoyan en la investigación y el desarrollo de programas del PHI para América Latina y el Caribe, tales como sedimentos, hidrología de sistemas forestales, inundaciones y aguas urbanas.

El PHI es dinámico, ya que se desarrolla en fases de 7 años. Entre 2015 y 2021 se está ejecutando la fase VIII sobre seguridad hídrica, definida como “la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar tanto la salud humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, tales como inundaciones, aluviones, subsidencia de suelos y sequías”.

Se han desarrollado iniciativas en todos los ejes de acción de la fase VIII de Unesco, es así como en materia de escasez y calidad de aguas, la Dirección General de Aguas inició, por ejemplo, el desarrollo de un plan de gestión integrada de la cuenca de Choapa en la región de Coquimbo y ha propiciado que el gobierno de la región de Coquimbo y el reino de Holanda puedan hacer lo propio en la cuenca de Elqui. En lo referido a desastres relacionados con el agua y cambios hidrológicos, con la Universidad de Talca se realizó un modelo matemático para la categorización del riesgo de movimientos en masa; sin perjuicio de participar activamente en la Comisión Asesora Presidencial que generó la propuesta “Ciencia e Innovación para los Desafíos del Agua en Chile”, y que se entregó a la presidenta Bachelet en diciembre pasado.

Ningún país del mundo tiene solucionado sus desafíos hídricos, pero aquéllos que han resuelto adecuadamente la necesidad de contar con una institucionalidad del agua moderna y colaborativa, capaz de consagrar una política nacional del agua vinculante, que adopte un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos con recursos básicos para investigación y la gestión integrada por cuencas, van un pie por delante. Ese es el próximo desafío de Chile.