A partir del ascenso a la presidencia de Irán de Hassan Rohani, a mediados del año pasado, muchos cambios se registraron en la política exterior de ese país. Su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad, se había caracterizado por sus posturas islamistas radicales, altamente retadoras hacia la comunidad internacional y llenas de una retórica combativa que condujeron a un aislamiento de su país, por efecto de sanciones económicas cada vez más intensas decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Con la llegada de Rohani al poder, las confrontaciones bajaron inmediatamente de tono al grado que se desencadenó un proceso de acercamiento y negociación con el G5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia y Alemania), a fin de llegar a acuerdos sobre el controvertido y condenado desarrollo nuclear iraní.
Este proceso continúa aún su marcha con éxitos paulatinos y ciertamente significativos, en la medida en que Irán ha aflojado en cuanto a su rechazo recalcitrante a las inspecciones de sus instalaciones nucleares y al cierre o disminución de actividad de varias de sus más importantes plantas dedicadas al enriquecimiento de materiales nucleares. En consecuencia, algunas de las sanciones le han sido levantadas, lo cual está brindando un respiro relativo a la economía iraní.
Sin embargo, esa mejor cara de la política exterior iraní no está siendo acompañada por una mejoría en los derechos humanos de su población. Incluso hay señales de que las cosas están empeorando. En marzo pasado, el Parlamento Europeo urgió al gobierno de Teherán a modificar sus políticas referentes al trato a las mujeres, que sigue siendo altamente discriminatorio y opresivo, además de que expresó su alarma tanto por el creciente número de ejecuciones llevadas a cabo en los últimos meses, como por las restricciones graves a las libertades de expresión, de práctica religiosa, académica, de reunión y de movimiento. También criticó la represión y discriminación basadas en diferencias religiosas, étnicas, de género y de orientación sexual, poniendo énfasis en las acciones de hostilidad y marginación practicadas contra los bahá’ís, los cristianos, los apóstatas y los conversos.
En estos últimos días, el descontento social se ha incrementado debido a una brutal represión contra disidentes políticos presos que fueron maltratados cruelmente. La indignación del público se mostró a través de una campaña en las redes sociales, donde la crítica al gobierno se manifestó mediante imágenes de ciudadanos con sus cabezas rapadas a manera de protesta. Y hace un par de días, la decisión de un censor gubernamental de prohibir el uso de la aplicación de WhatsApp bajo la consideración de que es propiedad de un “sionista americano” tensó aún más la situación, ya de por sí delicada desde que en 2009 Twitter y Facebook fueron bloqueados y con posibilidad sólo de uso por aquellos con la habilidad tecnológica suficiente como para evadir el bloqueo.
Así, el cuadro iraní resulta hoy por hoy de naturaleza mixta. Por un lado, Rohani está consiguiendo una mejor relación con la comunidad internacional a través de los acuerdos a los que ha llegado, pero por el otro, la creciente violación de los derechos humanos de su pueblo, aunada a un desempleo de 25%, a una cancelación de los subsidios a la gasolina y a la frustración social porque las expectativas de un mejoramiento en las condiciones de vida no se concretan a pesar de la nueva cara que Irán ofrece hoy al mundo, hacen pensar que bien podría repetirse en el mediano plazo un movimiento de protesta masivo como el de la Revolución Verde de 2009, desencadenada a partir de la reelección presuntamente fraudulenta de Mahmoud Ahmadinejad.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
