La población de Gaza tiene múltiples victimarios. Hamás ejerce su control de modo autoritario y viola en forma sistemática sus derechos. La Autoridad Nacional Palestina cree lícito detener el servicio eléctrico, infligiendo un daño a la población como medio para doblegar a Hamás. El presidente egipcio, reelegido con un inverosímil 97% de los votos, suele mantener cerrado el paso fronterizo con Gaza. Israel por su parte alega haberse retirado de Gaza pese a que, según un reporte del diplomático peruano Álvaro De Soto para Naciones Unidas, “Dado que la prueba de ocupación bajo el derecho internacional es el control efectivo de la población, pocos especialistas cuestionan la tesis de que Gaza continúa ocupada, pues sus conexiones con el mundo exterior por aire, mar y tierra siguen en manos de Israel”. De hecho, hasta 2016 el propio gobierno de los Estados Unidos consideraba a Gaza parte de los territorios ocupados, como consta en los reportes sobre derechos humanos de su Departamento de Estado.   

El gobierno israelí alega que el bloqueo de Gaza tiene fines de seguridad. Pero bajo el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra uno no puede ser castigado por actos que no cometió personalmente, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que “Toda la población civil de Gaza está siendo castigada por actos por los que no tiene responsabilidad”. Por ello, tanto la Cruz Roja como las Naciones Unidas definen ese bloqueo como un “Castigo Colectivo” contra la población civil. La entonces encargada de operaciones para Oriente Medio de la Cruz Roja, Béatrice Mégevand-Roggo, señaló que “El bloqueo está teniendo un impacto devastador sobre la población que vive en Gaza”. Un ejemplo relativamente menor  de lo que este implica para la vida civil, pero que a la vez cuestiona la tesis de que se trata de medidas con fines de seguridad, es un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud. Según este 54 gazatíes murieron en 2017 simplemente porque no obtuvieron de las autoridades israelíes el permiso necesario para abandonar Gaza con el fin de recibir tratamiento médico.

El que, bajo circunstancias como esas, las razones del descontento entre los gazatíes resulten ininteligibles para sus autoridades sugiere que han sido deshumanizados en el discurso oficial israelí. Por ejemplo, cuando su ministro de defensa, Avigdor Lieberman, sostiene (según el diario conservador israelí The Jerusalem Post), que “No hay inocentes en Gaza”, o cuando Eli Hazan, dirigente del Likud (el partido del Primer Ministro Netanyahu), sostiene respecto a la cifra estimada de manifestantes que “los 30,000 son blancos legítimos”. Se trata de la misma lógica criminal bajo la que opera Hamás cuando sostiene que, dado que la virtual totalidad de los ciudadanos judíos de Israel harán el servicio militar, todos ellos constituyen blancos legítimos.

Por último, diversos medios se refieren a lo que ocurre en Gaza como “choques”. Curioso término, cuando todos y cada uno de las docenas de muertos y los miles de heridos son palestinos que no portaban armas de fuego (Human Rights Watch recordaba que ni siquiera el ejército israelí alega lo contrario). Y cuando todos y cada uno de los disparos provienen de soldados israelíes parapetados tras una valla metálica y una zona de exclusión decretada por su gobierno dentro de Gaza (la cual, sin embargo, dice no ocupar).