Encontramos en la palestra pública chilena la discusión sobre la normativa que regula las cuotas de extracción de recursos del mar, a través de una nueva ley de Pesca, la que entrega el monopolio de estos recursos al sector industrial, que se encuentra centralizado en siete grupos económicos, reservando una pequeña parte al sector artesanal, proyecto que de aprobarse tendrá en el mediano y largo plazo serias consecuencias para la sustentabilidad de la biodiversidad marina.
En este sentido y justificadamente el gobierno ha recibido duras críticas en la forma en que se ha pretendido sacar adelante dicho proyecto, sin considerar las opiniones del sector pesquero artesanal, ni de organizaciones sociales y ambientalistas que han llegado a la movilización social para que en cierta medida se escuchen sus demandas y críticas al proyecto.
Se ha buscado decidida e irresponsablemente su aprobación, sin siquiera haber financiado ni realizado estudios científicos serios que garanticen esta supuesta protección y sustentabilidad de los recursos marinos que en apariencia pretende la nueva ley. Al respecto cabe destacar que el Estado de Chile no ha contratado estudio alguno -que por lo menos sea conocido públicamente- sobre la entrega monopólica para la extracción de recursos marinos, la aplicación de cuotas de captura y su relación con la sustentabilidad de estos recursos en el mediano y largo plazo, como asimismo, el efecto de esta en la supuesta protección de la biodiversidad marina, un objetivo que según sus autores pretendería este proyecto y el cual claramente ha sido postergado en pos de intereses pragmáticos y economicistas.
Por su parte, el sector pesquero industrial ha hecho un notorio lobby para que se eliminen indicaciones como aquella que establece la propiedad inalienable e imprescriptible de Estado sobre los recursos hidrobiológicos de nuestro mar; del mismo modo, para lograr gratuidad en la extracción del recurso y a perpetuidad que se fijen cuotas de extracción, temas que fueron “latamente discutidos” en la sesiones del Senado y de la Cámara, tanto así, que terminar por aprobarla idea de legislar sobre el proyecto.
Es sumamente interesante destacar en este sentido el reparo o reserva de constitucionalidad hecho por la senadora Ximena Rincón, que aboga por la protección de la biodiversidad y los recursos marinos, señalando que este proyecto no garantiza su protección, ni tampoco el bien común, dejando en evidencia claramente la vulneración a principios como el de no discriminación arbitraria y libertad económica; cuestionando duramente a la “mesa negociadora pesquera” como al sector industrial el hecho de pretender que se le entreguen a perpetuidad cuotas de extracción. En el mismo sentido, los senadores Lagos y Bianchi han votado en contra, por lo que han sido injustificadamente criticados.
No se debe olvidar que la normativa interna del Congreso, llámese Ley Orgánica y Reglamento, establecen inhabilidades expresas para diputados y senadores por conflictos de intereses que los puedan afectar. En efecto, estas alcanzan técnicamente al tercer grado de la línea colateral por consanguineidad, y siendo esto un tema transversal, podemos decir, por ejemplo, que senadores como Andrés Zaldivar L., Andrés García Huidobro, Jovino Novoa y Carlos Larraín, ciertamente poseen vínculos con el sector pesquero industrial, relacionados, respectivamente, a las empresas Corpesca, Sociedad Navarino S.A, Inversiones y Mandatos S.A, Comercial Nahuelbuta ambas en el caso de Novoa y Grupo Orizon (fusión Pesquera Coloso y Lecaros-Mendez), de manera tal que su votación favorable al proyecto aparece por lo menos como cuestionable y éticamente reprochable.
Ciertamente hay multiplicidad de matices en esta nueva normativa, no totalmente desarrollables en detalle en esta opinión por espacio, así como una larga lista de intereses que la cruzan, claramente unos más nobles que otros. Pero lamentablemente la nobleza y el interés por la protección de nuestro recursos parece estar fuera de esta discusión, mientras la agenda legislativa se agota. No es bueno legislar sobre aguas turbulentas. Sería aconsejable, por ahora, prorrogar la discusión del proyecto y tener un sustento técnico científico respecto del impacto sobre lo que ahora pretenden regalar y de la real sustentabilidad de los recursos en el mediano y largo plazo, así como de las consecuencias del proyecto para la biodiversidad marina y el sector pesquero artesanal. Todo lo anterior, para alcanzar una discusión legislativa verdaderamente responsable.
