“Esta democracia le quedó chica al país”, afirmó ante la comisión de Educación del Senado, Francisco Figueroa, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), sintetizando el diagnóstico y los objetivos de la movilización estudiantil, la que se ha extendido a amplios sectores sociales y puesto en jaque, no solo al gobierno, sino a toda la institucionalidad política, económica y social.
Esta apreciación de una profunda crisis nacional ha encontrado eco en los más diversos sectores. Desde el empresariado, la creciente incapacidad de conducción del Ejecutivo provocó en el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, Ronald Bown, una angustiada reflexión frente a los acontecimientos nacionales: “los cimientos de nuestra institucionalidad se van derrumbando día a día, producto de la falta de capacidad del país para poder abordar las soluciones requeridas ante las demandas que se han generado como consecuencia de la falta de visión que hemos tenido al crear sistemas, como el educacional, por ejemplo, sin una perspectiva de sustentación apropiada y sin haber sabido interpretar, desde ya hace varios años, los mensajes de una ciudadanía afectada clamando correcciones”.
Días más tarde, el ex presidente Ricardo Lagos coincidía afirmando que la “institucionalidad ha llegado a su fin. La imposibilidad de tener expresión de la ciudadanía, y que siente que a través de un sistema institucional como el que tenemos, comenzando por el sistema electoral que no da adecuada representación a todos los ciudadanos, sienten que no pueden participar". Y desde el exterior, el ex presidente Eduardo Frei sentenciaba que "Piñera concibe al gobierno como una empresa; reemplaza ministros cada semana; habla por televisión y cambia de opinión tres o cuatro veces al día y, fundamentalmente, actúa con muy poca transparencia. Chile está al borde de la ingobernabilidad".
Efectivamente, en 2011 se ha evidenciado una crisis profunda de las instituciones nacionales: el Ejecutivo y el Congreso muestran los niveles más bajo de apoyo ciudadano, e importantes autoridades gubernamentales cuestionadas por su conducta administrativa deben renunciar (Van Rieselberghe); instituciones estatales no representativas se imponen por sobre la soberanía popular (Tribunal Constitucional); el principio republicano de separación de poderes es cuestionado de hecho (nombramientos de parlamentarios en puestos ministeriales; sistema ilegítimo de reemplazo de parlamentarios; miembros de la Fiscalía al ministerio del Interior; cuestionamiento del Gobierno a los jueces); se evidencian profundas fracturas ideológicas (AVC/AVP, UDI-RN-Gobierno; Rubilar y el aborto terapéutico) y políticas (apoyo UDI a movimiento de agricultores) en la Alianza gobiernista; en la oposición se propone al fin de la Concertación, la que muestra permanentes disensos internos en torno a temas claves (elecciones municipales, ley de educación, royalty minero, plebiscito por educación); las instituciones armadas muestran falta de transparencia en sus procedimientos de aprovisionamiento (juicios por corrupción); las instituciones de orden se ven afectadas por falta de probidad de sus miembros (connivencia con delincuentes) y uso excesivo de la fuerza (manifestaciones estudiantiles); la crisis del sistema de regulaciones en perjuicio de los consumidores de menor poder adquisitivo (La Polar) y el generalizado rechazo al lucro en la educación, han puesto en cuestión el sistema de mercado imperante, así como el rol subsidiario del Estado.
Un breve análisis del movimiento estudiantil muestra su larga trayectoria en pro de la paz, la justicia social, la equidad, la libertad y la democracia, la que se remonta a la creación de la FECH en 1906. Los estudiantes se han pronunciado a favor de la paz en 1920, contra la dictadura de Ibáñez en 1931 y su política anti popular en 1957, por reformas democráticas en 1967, contra la dictadura en los ochenta, por la reforma educacional en 2006. En este extenso período el movimiento estudiantil ha mostrado ser, más allá de los temas educacionales, el portavoz de una sociedad que demanda cambios sustanciales al orden imperante. En la actual crisis, larvada durante dos décadas, el movimiento liderado por la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, ha vuelto a hacerse cargo de la demanda ciudadana por un cambio estructural apuntando a los tres pilares fundantes del actual sistema político-económico: la economía de mercado, la representación política y el Estado subsidiario.
La exigencia de una nueva economía estalló en un período de excepcional crecimiento económico, mostrando raíces más profundas que el descontento de una clase media endeudada que no recibe suficiente apoyo del Estado. El fin del lucro y la educación gratis y de calidad han cuestionado la piedra angular de la economía de mercado, la que ha terminado por quedar desacreditada por la búsqueda sin límites de los focos de renta y lucro privados de algunos grupos económicos, la composición de los miembros del primer gabinete del Presidente Piñera -todos ellos vinculados a los diez más poderosos grupos económicos del país-, y los permanentes conflictos de intereses iniciados por el propio candidato de la Alianza antes y después de asumir la presidencia. Esta aspiración por una nueva economía es, al mismo tiempo, una reacción ante la profundización del control oligárquico observado en el país tras el triunfo de Piñera.
Por su parte, el actual sistema de representación política es impugnado y se demanda una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución, el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional, nuevos quórum para reformas constitucionales y limitaciones al hiper presidencialismo. En el fondo de estas exigencias se encuentra la masiva demanda ciudadana por la recuperación de la soberanía que un sistema ilegítimo le ha arrebatado. La Constitución Política de la Republica de Chile, en su Artículo 5º señala que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Es, por tanto, la nación que se ha rebelado frente a la imposibilidad de elegir sin limitaciones a sus autoridades, por las cortapisas al genuino ejercicio de las funciones de sus representantes, y por no poder utilizar los mecanismos constitucionales establecidos para ejercer plenamente su soberanía.
Finalmente, este movimiento ha puesto en cuestión la existencia de un Estado subsidiario sin injerencia en el diseño del futuro de la economía del país. Ha exigido que la educación gratuita y de calidad proporcionada por el Estado sea un derecho universal exigible, tal como últimamente fueron establecidos los de salud y previsión social. La erosión permanente de este tipo de derechos vía políticas de bonos y otros mecanismos que debilitan al sector público de provisión de servicios en beneficio del privado, no ha pasado desapercibida a los estudiantes por lo que demandan que lo avanzado no vuelva atrás y que el actual rol del Estado sea sustancialmente modificado.
Es frente a esta “crisis orgánica” que el movimiento estudiantil se ha constituido en el portavoz y líder de una profunda inconformidad nacional, multiclasista e intergeneracional. En estas condiciones, las dificultades del Ejecutivo para mantener su diseño estratégico original fusionaron todas estas tensiones, creándose una situación de crisis que ha ido creciendo y complicándose.
