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Sobre los malos gobiernos y los sismos
Mar, 26/09/2017 - 11:55

Leo Zuckermann

¿Puede comprarse el voto en México?
Leo Zuckermann

Leo Zuckermann es analista político y académico mexicano. Posee una licenciatura en administración pública en El Colegio de México y una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford (Inglaterra). Asimismo, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde es candidato a doctor en ciencia política. Trabajó para la presidencia de la República en México y en la empresa consultora McKinsey and Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente es profesor afiliado de la División de Estudios Políticos. Su columna, Juegos de Poder, se publica de lunes a viernes en Excélsior, así como en distintos periódicos de varios estados de México. En radio, es conductor del programa Imagen Electoral que se trasmite en Grupo Imagen. En 2003, recibió el Premio Nacional de Periodismo.

Para que sea exitoso el proceso de limpieza y reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre vamos a necesitar consenso político, gobiernos eficaces y participación ciudadana. Ayer hablé de los problemas del primer factor: con la elección del 2018 tan cercana, los partidos siguen más en una lógica de competencia y división que de cooperación y unión. Hoy analizo el problema de contar con gobiernos ineficaces y, por tanto, incapaces de llevar a cabo el complejo proceso que viene.

¿Qué es un buen gobierno? Existe un montón de trabajos filosóficos y empíricos que presentan múltiples y divergentes teorías. Pero, con la que quiera usarse, la triste realidad es que México tiene gobiernos (federal, estatales y municipales) ineficaces. Con toda razón, Luis Rubio ha dicho que el gran problema de México es su mala gobernanza.

Los datos así lo comprueban. El reporte anual sobre competitividad del Foro Económico Mundial incluye múltiples variables que miden la eficacia gubernamental. México está por los suelos en muchas de ellas. Ocupamos el lugar 125, de 138 países que aparecen en el estudio, en “desvío de fondos públicos”, el 103 en “sobornos y pagos irregulares [hacia el gobierno]”, el 124 en “favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales”, el 94 en “despilfarro de gasto del gobierno” y el 118 en “cargas regulatorias gubernamentales”. La realidad es apabullante. Los gobiernos en México son corruptos, gastan mal y regulan deficientemente.

No por nada, la gente no confía en las instituciones gubernamentales, salvo en las Fuerzas Armadas. Lo estamos viendo en la delicada situación por los sismos. El terremoto del 7 de septiembre afectó a los dos estados más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. La ayuda del gobierno federal y la sociedad civil comenzó a fluir, pero rápidamente aparecieron historias de extraños desvíos. Ante esto, y para evitar un escándalo mayor, el gobierno federal insistió que los apoyos se estaban canalizando únicamente a través del Ejército y la Marina. Ninguna institución gubernamental más estaba involucrada. En cuanto al temblor del 19 de septiembre, también ya empezaron a surgir historias de la presunta utilización de los bienes con propósitos políticos, sobre todo en Morelos.

Y esto apenas está comenzando. Lo que viene –limpieza y reconstrucción– es todavía más delicado. Todos coinciden, hasta los neoliberales más granados, que en este proceso se va a necesitar mucha planeación, intervención y regulación gubernamental. En este tipo de emergencias es cuando más se requiere al gobierno. ¿Están listas y capacitadas las autoridades para esta labor? No lo creo.

El gobierno, por ejemplo, deberá invertir miles de millones de pesos en la limpieza y reconstrucción. ¿Cómo canalizarán estos recursos para que lleguen a los afectados? Tomemos el caso de Oaxaca que, de acuerdo al Imco, ocupa el lugar 28 de 32 en su índice de gobiernos eficientes y eficaces. Chiapas, por su parte, está el sitio 26. (Lo que miden son variables que influyen en la competitividad de los estados; sospecho que si se midiera cómo resuelven problemas de sus sociedades estarían aún peor). ¿Acaso los contribuyentes de todo el país vamos a darles miles de millones de pesos a los gobernadores Muraty Velasco para la reconstrucción? ¿Con la fama que tienen? ¿O lo hará directamente el gobierno federal, el cual también se ha ganado a pulso una reputación de poca honestidad?

Tan sólo pensemos en lo que ha ocurrido en Chiapas desde el levantamiento zapatista en 1994. Se le han transferido miles de millones de pesos de dizque inversiones, ayudas y subsidios y resulta que el estado sigue siendo el más pobre el país. No hay que ser un genio para concluir que el problema está en los malos gobiernos que ha tenido esa entidad. Ni se diga de Oaxaca.

En cuanto a las donaciones de la sociedad, ninguna organización quiere canalizarlas a través de los gobiernos. Pues sí, nadie confía en ellos. Por tanto, quieren invertir los recursos de manera directa. Pero la cosa puede atorarse si las autoridades comienzan con regulaciones absurdas, cosa que suele suceder muy a menudo en nuestro país.

No es gratuito, en este sentido, que tanto gobiernos como organizaciones sociales estén proponiendo la formación de consejos ciudadanos que vigilen, incluso implementen, la limpieza y reconstrucción. Es tal la desconfianza que tenemos en nuestras instituciones gubernamentales que todo ahora tiene que “ciudadanizarse”. Yo no tengo duda, por tanto, que la participación ciudadana será un factor clave de éxito para lo que sigue. De eso hablaré mañana.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.

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