El resumen más reciente e ilustrativo de la tragedia venezolana lo presentó esta semana el Fondo Monetario Internacional: ese país sudamericano no cerrará 2018 con una inflación del 13.000 por ciento, como se auguraba en abril, sino con una del 1.000.000 por ciento. El FMI hizo el anuncio el lunes pasado (23.7.2018), poco después de que el proceso de reconversión monetaria pautado por el Gobierno de Nicolás Maduro para el 4 de agosto fuera tachado de traumático e inútil por la oposición. Borrarle cinco ceros a la moneda nacional, el bolívar, no le pondrá coto a la hiperinflación si el régimen no cambia el paradigma económico que la propicia.
Hugo Chávez, predecesor de Maduro en la presidencia de Venezuela, aprobó una reconversión monetaria en 2008 y le restó tres ceros al bolívar para facilitar las transacciones cotidianas de sus compatriotas; pero, hace una década, el índice de inflación era del 30 por ciento. Ahora, el hombre fuerte de Caracas pretende hacer lo mismo en el marco de una devaluación sostenida de la moneda local (3.500.000 bolívares por dólar en el mercado negro), con escasez de divisas para financiar la impresión y la entrega de los billetes (se estima que el encargo cuesta alrededor de 300 millones de dólares), y sin un plan antiinflacionario. Un esfuerzo en vano.
Desatinos y desencantos
No es de extrañar que las protestas que comenzaron hace un mes continúen en todo el país a un ritmo de doscientos cincuenta por semana. El sábado pasado (21.7.2018), Maduro prometió echar mano a unos 300 millones de euros para mejorar los servicios en los casi trescientos hospitales públicos de Venezuela; pero ese monto no alcanza para que los centros de salud superen sus deficiencias. Además, ni la precarización del sistema sanitario ni los sueldos de hambre que reciben médicos y enfermeros son los únicos motivos del malestar generalizado. La gente emigra masivamente o se queja en las calles por los motivos más disímiles.
Por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, por la desaparición del dinero en efectivo, por los apagones constantes, por la falta de agua corriente y de transporte público… Como la inflación inmanejable, todos esos problemas son secuelas directas e indirectas de los desequilibrios que el modelo económico chavista trajo consigo. El oficialismo evade su responsabilidad al insistir en que su incapacidad para responder a las demandas de la población se debe a conspiraciones del empresariado, que supuestamente deja de producir bienes, los acapara y especula con sus precios para fomentar el contrabando de extracción y atizar la inflación.
Tortuoso legado
El régimen miente cuando atribuye la actual crisis a la caída de los precios del petróleo; la carestía de alimentos y medicinas que se registraba aún con el barril a US$100 no se ve en ningún otro Estado exportador de oro negro. Maduro alega que las sanciones internacionales impuestas sobre funcionarios chavistas –por presuntos actos de corrupción a gran escala y violaciones de derechos humanos– son las causas de las estrecheces que padecen los venezolanos, pero el verdadero origen de las calamidades que azotan a la nación con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo está en el disparatado dogma económico de Chávez, que Maduro perpetúa.
En 2014, cuando la “Revolución Bolivariana” empezó a hacer agua, a los alemanes les resultaba inconcebible la gravedad de la situación en la que el chavismo había sumido a Venezuela. Menos de un lustro más tarde, basta comparar la crisis monetaria venezolana con la de la República de Weimar para que imaginen las penurias que se viven al otro lado del Atlántico: montones de billetes que nada compran, colas eternas frente a los supermercados, el drama de no conseguir lo que se busca o de no poder costear lo que se necesita, niños que mueren de inanición y adultos que se aferran a la vida buscando comida en bolsas de basura.
