El tercer debate sobre el papel del Estado en la economía relacionado con la controversia en torno a la existencia de sectores estratégicos tiene que ver con las denominadas políticas industriales.
Es decir, ¿debe el Estado tener políticas públicas que beneficien a un sector particular por su importancia (presunta o real) para la economía o seguridad de un país? Hablamos de políticas tales como otorgarle créditos en condiciones preferenciales, subsidios, exoneraciones tributarias o arancelarias, o controles de exportación e inversión.
Por ejemplo, en su momento el Estado en Corea del Sur decidió que el desarrollo económico de su país debía sustentarse en la exportación de productos industriales con un alto valor agregado. Ello condujo a poner en práctica políticas industriales diseñada para lograr ese fin.
Pero no había nada de “natural” en establecer ese objetivo: se trataba de una decisión eminentemente política.
Tampoco era natural elegir esas políticas para conseguirlo: mientras en Corea del Sur el Estado protegió primero y promovió después empresas privadas que eran propiedad de ciudadanos coreanos, en otros países se persiguió objetivos similares a través de la expropiación de empresas privadas, o librando en una mayor proporción la asignación de recursos a las fuerzas del mercado.
Esto último, sin embargo, no impidió que esos Estados eligieran a sus propios favoritos. En el Perú, por ejemplo, un partidario de la economía de mercado como Carlos Boloña no tuvo como ministro inconveniente en destinar recursos públicos para impedir la quiebra de bancos privados (y explicó su conducta con base en el denominado riesgo sistémico antes mencionado).
Ese es un debate de gran actualidad por decisiones recientes de algunas de las principales economías del mundo.
Por ejemplo, en la cadena de suministros de un Iphone participan empresas de diversos países, desde aquellas que proveen insumos hasta aquellas que diseñan el producto, pasando por aquellas que lo ensamblan.
Hasta hace unos años esas cadenas se establecían principal (aunque no exclusivamente), con base en un criterio de eficiencia económica: quien fuese capaz de ofrecer un mejor producto o un menor precio, conseguía convertirse en un eslabón de la cadena. Pero por los cortes en las cadenas de suministros debidos a la pandemia y a la guerra en Ucrania, los gobiernos de las principales economías del mundo subordinan cada vez más la eficiencia como criterio en favor de cadenas de suministros más resilientes y menos dependientes de rivales políticos.
De pronto, por ejemplo, el que Taiwán concentre alrededor del 90% de la producción mundial de microprocesadores avanzados (los de nueve nanómetros o menos), se convierte en una vulnerabilidad política (en caso de que esos suministros se detengan producto de los conflicto entre China y los Estados Unidos en torno a Taiwán).
O preocupa el hecho de que, según un reporte de la Agencia Internacional de Energía , China concentre una gran proporción de la capacidad internacional para procesar y refinar las denominadas “tierras raras” (un insumo crucial para el desarrollo de energías renovables).
Lo que China, Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea hacen cada vez más es adoptar políticas industriales que consigan tres fines: producir a nivel nacional parte de aquello que antes se importaba, diversificar las fuentes de suministro de aquellos componentes que no sea factible producir a nivel nacional (para no depender de una sola fuente), y reducir la dependencia de Estados rivales (como en el caso de las importaciones europeas de gas y petróleo ruso).
Como indicamos, ello implica la adopción de políticas industriales en favor de empresas nacionales o de Estados que no sean considerados una fuente de riesgo económico o político (por ejemplo, el principal beneficiario en América Latina de esas políticas sería México, que tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, está integrado en cadenas de suministros que abastecen a ese país y no es considerado un rival político).
Es decir, hablamos de políticas que introducen de modo deliberado distorsiones en los mercados internacionales para tener cadenas de suministros más resilientes y menos dependientes de rivales políticos, pero a costa de ser menos eficientes en términos económicos.
A juzgar por experiencias pasadas, ese tipo de políticas implican ciertos riesgos.
El principal es que, al aplicarlas todas las grandes economías de manera simultánea, no consigan su propósito inicial o lo hagan a un costo económico exorbitante.
Por ejemplo, durante la Gran Depresión la mayoría de las principales economías intentaron compensar la escasa demanda interna exportando hacia sus socios comerciales. Para ello apelaron a políticas tales como devaluar su moneda (para que sus exportaciones sean más competitivas), o adoptar medidas proteccionistas (para hacer menos competitivas las exportaciones de sus socios comerciales): dado que todos adoptaron las mismas medidas estas se neutralizaron mutuamente, con lo cual no se consiguió el efecto deseado y además empeoró la recesión internacional (experiencia que explica los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial, para propiciar la cooperación incluso en tiempos de crisis).
