Santiago. Como el empresario que es, Sebastián Piñera tiene claro que una economía crece si se sientan las bases para elevar, entre otros, los índices de productividad, de innovación, de emprendimiento, de investigación y desarrollo (I+D) y de ciencia y tecnología. Por eso no es de extrañar que en el Programa de Gobierno en que sustentó su campaña a la Presidencia de Chile, con la que finalmente se quedó, haya puesto énfasis en conceptos como los mencionados.

 

De hecho, en los primeros párrafos del mensaje que envió a la ciudadanía y con el que abrió ese documento, el Mandatario se preguntó: “¿dónde están el crecimiento sólido y las promesas de promover la innovación y el emprendimiento?”. Con esa frase no sólo acusó a las administraciones anteriores de haberle restado prioridad a tales elementos, sino que su estímulo lo asumió como un desafío de la que, a la postre, sería su gestión en el Palacio de La Moneda.

 

A un año y cuatro meses de haber asumido como Presidente, se hace necesario ahondar y evaluar el avance que se observa de las ideas-fuerza de su Programa que, a saber, fueron incrementar la productividad total de factores (PTF) desde el -0,5% de 2009 a 1,5% al fin de su mandato mediante políticas de modernización del Estado, la adición de recursos a capacitación, el cultivo de un “ambiente favorable al emprendimiento” y el fomento de “la innovación científica y tecnológica”.

 

No es todo. En un acápite titulado Desarrollo Científico y Tecnológico, Piñera prometió aumentar la inversión en I+D desde 0,7% del PIB a 1,2% del PIB a fines de su gestión y sentar las bases para que pueda duplicarse a 2021. Para esto advirtió que se perfeccionará la institucionalidad y el marco regulatorio para estimular la creación científica y tecnológica, y que acercará el mundo de la empresa a la academia. Además, consignó que se potenciará el capital humano mejorando el sistema de becas en el extranjero para doctorados y posdoctorados

 

En el ámbito de las telecomunicaciones aseguró que los gobernantes que le precedieron no tuvieron el sentido de urgencia para permitir la introducción rápida de los últimos cambios tecnológicos. Así que, en esa línea, postuló reformas institucionales como la creación de una Superintendencia para el área.

 

Otro de los conceptos clave que el actual jefe de Estado propuso fue dar espacio a las nuevas tecnologías de generación limpia de energía. “Uno de los objetivos de nuestro Programa de Gobierno es aspirar a que al año 2020 más del 20% de la matriz eléctrica chilena derive de las energías renovables no convencionales (ERNC)”, expuso en el texto.

 

Evaluación. A modo de evaluación de estas ideas y de su estado de avance, Cristóbal García, profesor de la Universidad Católica de Chile y director de EmprendeUC, señaló que “las promesas siempre son más grandes y ambiciosas que los hechos y lo posible de realizar, dadas las restricciones políticas y de presupuesto”. Con todo, para él la administración de Sebastián Piñera ha continuado profundizando el sistema nacional de innovación, pues “Chile ya tenía una base desde donde avanzar”.

 

En ese sentido destaca la apuesta de dar espacio a 100 mil nuevos emprendimientos y el programa Start-Up Chile, que busca atraer al país a empresarios foráneos, proyecto que debe ser profundizado y complementado, ya que lo califica como trascendental para desarrollar un polo tecnológico.

 

Pese a que Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, calificó el plan tecnológico del jefe de Estado como “ambicioso”, también consignó que “siempre los programas están sobregirados y tienen más de lo que se puede hacer, sobre todo en períodos tan cortos”.

 

Asimismo, plantea dudas sobre el manejo de la llamada Estrategia Digital, pues hace dos meses hubo un cambio en la residencia de esa política y la mayor parte pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría General de la Presidencia. “Hay una gran incógnita respecto a cómo se va a avanzar en los distintos temas”, declaró, añadiendo que “hay un diseño distinto que está en proceso de construcción. La gran pregunta es cómo va a operar”.

 

Consultado por si las ofertas que se orientaban a robustecer el emprendimiento, la productividad y el apuntalamiento tecnológico están avanzando y materializándose, Barros afirmó que “creo que no. Se ve más bien como una declaración, pero no ha habido una bajada en cosas más concretas”.

 

García valoró también la disminución de los costos en la creación de empresas que se logró, entre otras razones, con la creación del Diario Oficial digital. Lo propio aseveró de la reducción del tiempo para la constitución de compañías desde 27 a 16 días, y que se reducirá a tres días mediante un nuevo proyecto de ley.

 

Coincidió en esos puntos María Cristina Betancour, directora del Centro de Investigación en Gestión Empresarial (CIGE) de la Universidad Mayor. Y aunque celebra en términos generales el Programa de Piñera -especialmente la Agenda de Impulso Competitivo lanzada recientemente-, considera que la promesa de elevar la productividad desde -0,5% a 1,5%, estimulando la inversión en I+D y en ciencia y tecnología, es algo que “no es tan fácil” de conseguir, “porque se requiere mucha cooperación público-privada en relación a implementar la investigación y desarrollo de las universidades en las compañías”. De todos modos, planteó que las decisiones tomadas hasta ahora están bien encaminadas.

 

Sobre la idea de crear una Superintendencia de Telecomunicaciones, Betancour expresó que Chile está muy avanzado en este ámbito y que “es difícil poner mayores restricciones en un sector que está funcionando adecuadamente, por lo menos en innovación y desarrollo (...) No me queda tan claro que se necesite efectivamente”.

 

Barros discrepó. Según sostuvo, la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) no puede tener al mismo tiempo el rol de promotor de la industria y de regulador de la misma, como es hasta hoy. “Eso determina un comportamiento esquizofrénico”, aseguró, indicando que una Superintendencia es necesaria y que es una buena propuesta de Piñera.

 

“Otro tema en que el Gobierno ha continuado la senda (previa), incluso acelerándola, tiene que ver con la atracción de centros de excelencia de nivel mundial”, detalló García, aludiendo al Fraunhofer Institute que ya se instaló en Chile, aunque cabe consignar que esa gestión se inició en el período de Michelle Bachelet.

 

“Si uno quiere subir el gasto en I+D, hay que traer estos flujos internacionales, no sólo de emprendedores, sino de instituciones más duraderas que se vinculen con universidades y empresas que estén haciendo investigación y desarrollo”, declaró, agregando que el Gobierno apoyó además una alianza entre la UC y la universidad de Stanford y que, asimismo, hay conversaciones con el Stanford Research Institute.

 

El profesor García destaca también que se está modificando en el Congreso la ley de incentivo tributario a la I+D con el fin de hacerla más fácil y expedita. “Se está perfeccionando; venía de la administración anterior y apunta a fomentar que las grandes empresas inviertan en investigación y desarrollo”, complementó, apuntando a que este es un gran paso hacia el incremento de la transferencia tecnológica desde la academia hacia las compañías y el mercado.

 

Desafíos. Uno de los retos que observa García para la gestión de Piñera está en el incentivo que debe hacerse para el regreso de aquellos que cursaron doctorados y posdoctorados en el extranjero, ya que “hay muy pocas becas para insertar a académicos que quieren trabajar en biotecnología. Becas Chile es excelente, pero eso ha provocado que tengamos mucho talento afuera, fuga de cerebros. Esta administración tiene el desafío de buscar instrumentos de atracción de capital humano”.

 

Otra tarea pendiente, en opinión de Betancour, está en la profundización de los lazos entre universidades y empresas para impulsar la transferencia tecnológica. “Los mundos académico y de las compañías no han estado muy ligados por un largo período; entonces, se requiere de tiempo para lograr que toda la investigación que se hace en las casas de estudio vaya, efectivamente, a mejorar la productividad de las empresas”, declaró.

 

“El principal desafío que tiene Chile es establecer una institucionalidad adecuada de este tema en un área del Estado y que idealmente sea transgobierno”, enfatizó Barros, porque estas materias requieren largos plazos para la implementación y obtención de resultados.

 

Sebastián Piñera ofreció elevar la inversión en I+D desde 0,7% a 1,2% del PIB y sentar las bases para duplicar el guarismo al 2021. Al respecto, Betancour sostuvo que “a eso apuntan las medidas tomadas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y los ministerios. Ahora, aumentar este monto no se trata sólo de que el Gobierno pueda querer; también hay problemas de aprobación de presupuesto. Además, no está claro el diagnóstico”.

 

El Mandatario aseguró que lograría un crecimiento económico promedio de 6% en sus cuatro años en La Moneda. Para eso, argumentó, es necesario duplicar la disponibilidad de energía a 2020, por lo que afirmó que se buscaría la forma de aprovechar los “abundantes recursos naturales en fuentes energéticas que son amistosas con el medio ambiente”, aludiendo a la hidroelectricidad, geotermia, solar, eólica, mareomotriz y otras, con el fin de que, a ese año, el 20% de la corriente generada en Chile sea de origen renovable no convencional (ERNC), con la aplicación y desarrollo de tecnologías.

 

Sin embargo, el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, puso en duda el objetivo. “En las actuales condiciones legales y dado el avance que tienen los proyectos, y que faltan nueve años para el 2020, en este período parece muy difícil que se pudiera alcanzar esa meta. Es tremendamente ambiciosa y mucho más alta que la mayoría de los países europeos. Pretender llegar a ella en ese horizonte parece una situación compleja", dijo.

 

“(Esto) es un pie atrás”, aseveró García, porque, “por último, si efectivamente no se puede llegar al 20%, hay que dar las señales y poner recursos e incentivos para que emprendedores de afuera y locales estén investigando y desarrollando” nuevas tecnologías, con el fin de delinear “una ruta, que ahora está pendiente”.

 

Al debe. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) definió en la administración anterior los llamados cluster o industrias estratégicas a ser potenciados desde una alianza público-privada. Dichas áreas eran minería, acuicultura, alimentos, turismo de intereses especiales y  servicios globales. Sin embargo, esa política de selectividad fue modificada por el actual gobierno y, desde ahora, no se discriminará en el aporte a determinados rubros.

 

“Buenas o malas, el Estado tomó ciertas definiciones que estuvieron dadas por privilegiar algunas áreas” en las que había ventajas comparativas versus otros países, explicó Barros. “Eso se cambió en los últimos meses por un asunto conceptual y político; es decir, la autoridad dice por qué vamos a beneficiar a ciertos sectores... que se desarrollen los que se tienen que desarrollar. La verdad es que no comparto esa visión. Muchos países que han avanzado es porque han apostado por ciertas industrias importantes, como Taiwán e Irlanda”, añadió.

 

Uno de los cluster era el de servicios globales. Según García, la idea era atraer a Chile back office, call centers o insumos y componentes de multinacionales que consumen tecnología.

 

“Ese esfuerzo se estaría dejando de lado para que el mercado opere sin tanto incentivo. Es parte (de la ideología) de algunos muchachos de los Chicago Boys, que siguen tomando algunas decisiones por ahí”, aseguró García. A su juicio, Chile se estaba instalando como una plataforma en este ámbito y dejarlo de lado “puede significar pérdidas de competitividad y de uso intensivo de tecnología”.

 

Con todo, y a modo de cierre, el investigador de la Universidad de Chile, Alejandro Barros, manifestó que las materias tecnológicas deben ser observadas como “sustanciales para el desarrollo del país. O sea, si aporta o no al PIB per cápita. En general, este tema ha sido presentado en lenguaje de ‘computines’ y no de economistas o cientistas políticos. Hay que preguntarse cómo se logra que este asunto esté en el radar de alguien que esté construyendo la política pública medioambiental, educacional o de modernización del Estado (...) No se trata de decir que nos encantaría tener más evolución digital, sino de que si no la tenemos, no vamos a llegar al desarrollo”.

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