La industria del entretenimiento estadounidense presiona por una regulación que le permita a los dueños de contenidos protegidos por derecho de autor enviar malware a quienes realicen copias ilegales.

En un nuevo capítulo de su lucha contra la "piratería", la Comisión sobre el Robo de la Propiedad Intelectual Americana (Commission on the Theft of American Intellectual Property) presentó al gobierno estadounidense un proyecto de 84 páginas que busca legalizar el uso de malware para castigar a los "piratas".

Según el informe, un software pre-instalado en las computadoras de los usuarios detectaría si alguien está copiando ilegalmente un material o reproduciendo contenido sin autorización, y al hacerlo bloquearía la computadora del supuesto infractor y secuestraría esos archivos.

El mecanismo se desactivaría cuando el supuesto infractor “llame a la policía y confiese su crimen”, informó el sitio especializado Boing Boing.

Por su parte, el sitio The Next Lab publicó que "haciendo a un lado las ilegalidades, no está claro exactamente como funcionaría este sistema. La propuesta ya fue criticada por los grupos defensores de derechos y no se espera que el Congreso siga adelante con este proyecto en el corto plazo".

En el texto presentado se lee textualmente: "Se puede crear un software que permita sólo a los usuarios autorizados abrir los archivos con cierta información valiosa. Si un usuario no autorizado intentara acceder a esa información, tendrían lugar ciertas acciones. Por ejemplo, el archivo podría volverse inaccesible y la computadora de ese usuario bloquearse, mostrando instrucciones para contactarse con las autoridades legales y así obtener una clave que permita el desbloqueo".

"Esta medidas" -continúa el informe- "no violan las leyes vigentes sobre el uso de Internet, y sirven para mitigar los ataques y estabilizar un incidente cibernético para proporcionar el tiempo y pruebas necesarias para la aplicación de la ley".

La nueva propuesta de la industria del entretenimiento se suma a otras como PIPA, SOPA y OPEN, que durante el año pasado intentaron imponerse como soluciones necesarias para "combatir la piratería" en Internet. Sin embargo, la batería de rechazos que suscitaron -principalmente entre activistas y agrupaciones de defensa de derechos ciudadanos- impidieron que el Congreso estadounidense las votara.