Organizaciones ligadas a los derechos de autor están pidiendo realizar multas cercanas al millón de dólares para los infractores de las normas.

La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC) de México solicitó a las autoridades de ese país que se establezcan sanciones de hasta un millón de dólares para los sitios o personas que alojen, intercambien o descarguen obras protegidas con derecho de autor en Internet. El pedido podría quedar establecido si el Congreso mexicano sanciona las reformas al Estado conocidas como “Ley Döring” que, entre otras cosas, proponen adecuar la legislación mexicana al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA).

La presidenta de esta entidad, Gilda González, aseguró en declaraciones al diario El Universal que la propuesta apunta a que las personas presuntamente implicadas en “delitos de piratería” no vayan a prisión ni se les quite la línea de servicio, pero que sí se establezcan tablas de sanciones monetarias que podrían llegar hasta una multa de 12 millones de pesos mexicanos, que equivalen a un millón de dólares.

“Queremos que haya un procedimiento civil en esto, no se ha hablado jamás de cárcel o de quitarle la línea a alguien, tampoco de espiar, sino de que a quien lo haga, se le avise, se le notifique que está haciendo algo ilegal y si no hace caso, que haya sanción”, explicó la titular de la CALC, una organización que agrupa a 37 asociaciones, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y asociaciones de intérpretes y actores.

Las declaraciones de González surgieron en el marco de un debate que se da hace varios meses en México, en el que se intenta regular de una manera más severa la circulación de materiales protegidos con copyright en la Web.

En este sentido, el Senado de ese país deberá tratar en los próximos meses una serie de reformas del Estado para adecuar su legislación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) -una suerte de tratado de libre comercio entre varias naciones con costas en el Océano Pacífico- al que México adhirió y que -entre otras cosas- sugiere una serie de medidas similares a las propuestas por el ACTA para perseguir hechos considerados como “piratería” en la red.

El ACTA, por su parte, es un tratado multilateral suscrito por varios Estados que plantea como requisito principal la elaboración de legislaciones tendientes a regular la circulación -física o en la Web- de obras protegidas por derecho de autor, así como luchar contra la falsificación de marcas y medicamentos.

“ACTA está satanizada, pero México pertenece a tratados internacionales de Internet desde el 2002, lo que pasa es que nunca ha estado implementado algo por el gobierno”, enfatizó Gilda González.

Estas reformas legales en el ámbito de la Web que deberán tratar el Parlamento mexicano fueron sintetizadas -en parte- en un proyecto conocido como la “Ley Döring”, presentado por el senador del PAN Federico Döring.

En varias oportunidades, la Cámara Alta descartó el tratamiento de esta propuesta y decenas de organizaciones que defienden los derechos civiles en la red se manifestaron en contra. Sin embargo, el legislador advirtió en mayo que si su proyecto -o alguno similar- no es debatido en el recinto, el Poder Ejecutivo podría llegar a dictar de forma unilateral una regulación especial que no contaría con el consenso parlamentario, ya que el TTP impondría celeridad en los ritmos legales de ese país para poder entrar en plena vigencia.