La legislación incluye penas por robo de información personal, además de reproducción de programas informáticos y accesos no autorizados a dispositivos.
La ley 12.737, que tipifica en el Código Penal delitos cometidos por internet entró hoy en vigor en Brasil con penas de tres meses a un año de prisión, además de multa, para quien invada computadoras o dispositivos informáticos ajenos sin autorización del titular.
En caso de divulgación, comercialización o envío de informaciones sensibles obtenidas a través de invasión en aparatos informáticos, como comunicaciones, secretos industriales o datos sigilosos, la pena puede ser elevada entre uno y dos tercios.
La nueva normativa, aprobada por el Congreso el año pasado, fue estimulada por un episodio ligado a la popular actriz Carolina Dieckmann, a quien fueron robadas 36 fotos íntimas de su teléfono celular y luego expuestas en internet.
La ley convierte en delito "invadir dispositivo informático ajeno, conectado o no a la red de computadoras, mediante violación indebida de mecanismo de seguridad y con el fin de obtener, adulterar o destruir datos o informaciones sin autorización expresa o tácita del titular del dispositivo, instalar vulnerabilidades u obtener ventaja ilícita".
También establece pena de hasta un año de prisión para "quien reproduce, ofrece, distribuye, vende o difunde programa de computador" con el objetivo de causar daño.
Cuando la invasión ocurra para obtener mensajes de correos electrónicos, la propuesta prevé una pena mayor, de seis meses a dos años de prisión, además de multa.
Si la invasión resulta en perjuicio económico de la víctima, la pena será aumentada entre un sexto y un tercio, y si el delito es practicado contra autoridades públicas, será aumentada en un 50%.
La acción penal contra ese tipo de crímenes sólo podrá ser iniciada por el ofendido, salvo cuando se trate de delitos contra la administración pública, cualquiera de los poderes de la República o empresas concesionarias de servicios públicos.
La ley define además como crimen la interrupción de servicios telemáticos o de informática de utilidad pública.
