El gobierno anunció que las compras por Internet de US$200 o menos, tendrían que pagar un 18% de valor agregado, pese a las presiones de los sectores involucrados.

La reciente disposición de las aduanas dominicanas de gravar las pujantes compras internacionales por Internet con un tope de US$200, hasta ahora exentas de impuestos, ha causado una encendida reacción de las empresas de envíos que justo lograron la suspensión temporal de la medida.

La Asociación Dominicana de Empresas Couriers y una fundación local lograron, con instancias por separado, que el Tribunal Superior Administrativo ordenara a la Dirección General de Aduanas dominicana suspender la aplicación del cobro del gravamen que había dispuesto a partir del viernes próximo, hasta tanto conozca el fondo de esos recursos.

De acuerdo a argumentos ofrecidos reiteradamente por el director de Aduanas local, Fernando Fernández, la población dominicana "ha abusado" de la "confianza" dada por el Gobierno para las compras por Internet, que han sido aprovechadas para el fomento de una "economía subterránea y oscura".

El funcionario ha desvelado, además, que solo en los últimos 15 días han llegado al país, a través de las compras por Internet, 2.137 cheques con un valor de 250 millones de pesos (unos US$5,7 millones), que representan un delito, pues la ley ordena que un monto mayor de US$10.000 debe ser declarado en las aduanas antes de entrar al país.

Dio a entender que de esta situación han sido enterados los organismos de investigación y antinarcótico de la nación.

Sus explicaciones también señalan que este año el Gobierno dejará de percibir unos US$105 millones por las importaciones libres de impuestos de hasta los 200 dólares, y de que en los últimos nueve años el fisco ha dejado de recaudar unos US$460 millones.

En realidad, las discusiones sobre si aplicar o no aranceles a esas importaciones se remontan a un par de años, cuando sectores empresariales locales alertaron sobre la "competencia desleal" que representaban esas facilidades ya que, aseguran, muchos negocios se han forjado al amparo de esas exenciones, lo que les permite vender productos y ofrecer servicios más baratos que el comercio formal.

El Gobierno pudo aguantar las presiones de esos sectores hasta que hace dos semanas Fernández anunció que las compras por Internet de 200 dólares o menos, tendrían que pagar un 18% de valor agregado.

A partir de ahí las presiones hacia las autoridades provinieron en sentido contrario, esto es, desde las empresas de couriers, desde entidades defensoras de los consumidores, y de centenares de personas que han utilizado las redes sociales para rechazar la imposición. A estos se han añadido líderes de la oposición política.

Entre los argumentos de las empresas de envíos, cuyo número ha aumentado significativamente en años recientes, está el de que la medida es ilegal e inconstitucional porque supuestamente violenta leyes vigentes locales, así como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA (por su sigla en inglés).

Aduanas ha respondido que esto es incierto, y que, por el contrario, la disposición es absolutamente legal y que no riñe con ninguna ley ni tratado en vigor.

La postura de las autoridades aduaneras es apoyada por la Organización Nacional de Empresas Comerciales, que ha hecho publicar en la prensa donde afirma que los países centroamericanos, México, Chile y Canadá, entre otros, aplican gravámenes a todo tipo de montos en las compras por Internet, aunque, como es el caso de esas naciones, sean signatarias de acuerdos de libre comercio con EE.UU.

Las repercusiones de este tema podrían afectar a un mayor público, ya que la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte advirtió que si aplican el impuesto a las compras electrónicas de hasta 200 dólares, sus afiliados elevarán el coste del pasaje pues muchos de ellos compran repuestos a través de Internet.

Está ahora por verse el resultado definitivo de este proceso, ahora en manos de un tribunal administrativo, justo cuando el presidente dominicano, Danilo Medina, arriba a su segundo año en el cargo adornado con una altísima popularidad y quien, precisamente, detuvo hace dos años el intento de gravar las compras por Internet menores de 200 dólares.