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SOPA, PIPA, ACTA, TPP: La policía de internet y cómo afecta a Latinoamérica
Miércoles, Febrero 8, 2012 - 18:12

Las siglas y proyectos se suceden y no parecen detenerse, algunos claman que la regulación es necesaria y otros apuestan por nunca tocar las libertades personales. Mientras, desde las sombras, se levantan nuevos proyectos que podrían afectar mucho más a la región.

 

El 26 de octubre del 2011 se introducía al Congreso de los Estados Unidos una propuesta de ley llamada Stop Online Piracy Act (SOPA, que traducido se leería "Acta para detener la piratería en línea"), con un subtítulo que indicaba "para promover la prosperidad, creatividad, emprendimiento e innovación mediante el combate al robo de propiedad de los Estados Unidos, y para otros propósitos". La proposición no pasó desapercibida, y casi al instante distintos sitios web comenzaron a hacer llamados de alerta, para luego unirse en grandes conglomerados y hacer conocida por toda la red lo que ellos veían en este proyecto: La SOPA es censura, y una amenaza a los derechos fundamentales de privacidad y libertad de expresión, además de restringir la creatividad y el emprendimiento en el territorio libre que debería ser internet.
 
Para el 16 de noviembre una serie de compañías y entidades como Tumblr, Mozilla, Techdirt, y el Centro para la Democracía y la Tecnología se unieron en lo que llamaron el Día de la Censura Americana, exhibiendo banners en los logos de sus sitios con las palabras "DETÉN LA CENSURA". Mientras tanto, Google hacía una lista de firmas en contra de la ley en la que reunió más de 7 millones de personas, sólo en los Estados Unidos. En el congreso la discusión continuaba y el creador principal de SOPA, Lamar S. Smith, un republicano conocido por oponerse a las leyes de aborto, impulsar regulaciones a internet y estar en contra de la despenalización federal de la marihuana, decía estar defendiendo a los autores de su nación y del mundo, bajo una propuesta que se adaptaba a los tiempos actuales.
 
Ya en enero del 2012 la atención planetaria estaba sobre SOPA y PIPA, siendo la segunda una ley de similares características que había comenzado a ser discutida en mayo del año anterior y que tenía características similares (aunque menos drásticas), que la primera. El 18 de ese mismo mes se organizó la que fue calificada como la protesta más grande en la historia de internet, con un centenar de sitios cerrando sus puertas a través de todo el globo, entre los que se contaron Reddit, los sitios de Chezzburger, Boing Boing, XKCD, SMBC, The Oatmeal y, en un acto que sin duda afectó a millones de personas, Wikipedia. Otros sitios se unieron de distintas formas, con variados mensajes y diversos alcances, pero todos vestidos de luto, todos con un principio claro: hay que detener a SOPA y PIPA.
 
La protesta rindió frutos. El 21 de enero el congreso de los Estados Unidos retiraba las leyes hasta que los asuntos polémicos fueran resueltos. Mientras los aplausos parecían traspasar las pantallas y escucharse en un gran coro global, los principales impulsores detrás de la ley lamentaban el suceso. "Es una evolución peligrosa y problemática cuando la plataforma que sirve como entrada para la información intencionalmente modifica los hechos para incitar a sus usuarios y armarlos con desinformación", dijo Jonathan Lamy el vocero de la Recording Industry Association of America, una organización que agrupa a las poderosas disqueras del país del norte.
 
La ley estaba muerta, pero el asunto no saldado. ¿Cómo se defenderían entonces los derechos de los autores?, ¿existe esta necesidad más allá de las leyes actuales?, ¿hasta qué punto las protestas decían la verdad?, ¿qué nuevos embates se prepararían para regular estos términos?
 
La sociedad de la información nunca ha tenido una guerra a tan gran escala y con tantos episodios como la de los derechos de autor, y no parece detenerse ni relentizarse. 
 
Latinoamérica y el Acuerdo Trans-pacífico. Pero más allá de las luchas transnacionales, mucha gente en Latinoamérica se preguntaba de qué forma podría afectarlos a ellos SOPA y PIPA, si eran proyectos estadounidenses. Lo cierto es que mucho, y aún después de su retirada se levanta un proyecto que podría afectarlos aún más: el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), en el que ya ahondaremos. 
 
Pero, ¿cuál es el problema detrás de todas estas propuestas?, ¿cuál es la génesis de esta molestia mundial?
 
Según Francisco Vera Hott, Vicepresidente de la ONG Derechos Digitales, el defecto de origen que tienen todos estos intentos de regulación es que parten de la base que más protección a los derechos de autor siempre es mejor. "Esa es una afirmación que carece de bases empíricas y estudios serios que la sustenten, además de no contemplar los diversos intereses en juego al momento de regular temas de propiedad intelectual, como los de la sociedad civil y sus demandas de acceso al conocimiento y resguardo de derechos humanos tales como libertad de expresión y privacidad.", indica el experto.
 
Coincidiendo con esto, Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría e investigación de mercado emplazada en México, opina que uno de los principales problemas es que estas propuestas han sido impulsadas por grandes proveedores de contenido que han buscado prevalecer su interés. "Este es un tema en el que tienen que mediar entre el estado de derecho, la conectividad y la privacidad. Somos una región con limitada conectividad, la banda ancha es en realidad bastante angosta y que no llega a todos los ciudadanos latinoamericanos, tenemos una brecha digital bastante importante y estas regulaciones privativas sólo la empeoran", explica.
 
Y el hecho de que estas regulaciones sean aplicadas en Estados Unidos no tiene mucho que ver a la hora de vernos protegidos como región. Aún cuando la evolución de la protección a los derechos de autor no está muy avanzada en ninguno de los países, las estructuras que sustentan las redes de información y la producción de contenido nacen y operan en aquel país, haciendo que cualquier ley que los afecte a ellos, por traspaso correspondiendo a las economías globalizadas, también llegue a estas latitudes.
 
"Son empresas que operan globalmente, si hay una resolución en el mercado de EEUU sería aplicable, e incluso para otros ámbitos legales, a países como los nuestros: se podría llamar a juicio a empresas, porque finalmente son las mismas empresas que operan allá.", explica Ernesto Piedras, "además hay una preocupación de que normalmente el punto de detonación de este tipo de iniciativas son estos países como EEUU y luego ya toman una aplicación regional específica en los demás países".
 
El TPP es un claro ejemplo de cómo esto se replica en los niveles más altos de la política internacional. Como nos explica Francisco Vera Hott, el TPP es un nuevo Tratado de Libre Comercio para los países de la zona Asia-Pacífico, cuyo capítulo de propiedad intelectual contiene algunas disposiciones presentes en la ley SOPA. "Los gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en este acuerdo internacional que de acoger la propuesta estadounidense permitirá la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, obligando a los prestadores de servicios de Internet a actuar como policías de Internet".
 
"La misma propuesta", continúa el experto, "concede además al titular de los derechos de autor la posibilidad de restringir las importaciones paralelas, un mecanismo que permite que una obra fabricada legalmente en el extranjero pueda ser importada a otro sin necesidad de contar con una autorización (y eventual pago) de los titulares de los Derechos de Autor".
 
Lo peor de todo es que el acuerdo avanza a pasos rápidos y en secreto, haciendo que sus posibilidades de ser aprovado sean altísimas.
 
¿Qué se puede hacer si se aprueban esta u otras iniciativas similares? 
 
Según Vera Hott, si se aprobase la propuesta de los EE.UU. para el TPP en relación con propiedad intelectual, la ciudadanía en general se encontraría bajo la posibilidad cierta de ser vigilados y sancionados por conductas que las leyes de propiedad intelectual consideran infracciones, como bajar contenidos de páginas que no tengan las autorizaciones correspondientes.
 
Frente a esto, Ernesto Piedras, de The CIU, opina que la misma tecnología podría dar alternativas, tomando en cuenta la velocidad a la que avanza y cómo aumenta la conectividad día a día, pero que Nunca en la historia la humanidad se ha apropiado de tantos contenidos como hoy hacemos, contando música, libros, películas y cuanto producto intelectual surja, y todo ese conglomerado de información tendrá que encausarse y protegerse, manteniendo un equilibrio entre la privacidad, la conectividad y el Estado de Derecho.