Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Vázquez acusándola conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios electrónicos.

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña electoral en 2020, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Vázquez acusándola conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios electrónicos.

"Los cargos de hoy, aunque ciertamente notables en muchos aspectos (...) son un ejemplo más de las acusaciones de corrupción corporativa dirigidas a funcionarios electos en Estados Unidos", dijo Corey Amundson, jefe de la sección de integridad pública del DOJ, en una conferencia de prensa.

Según las autoridades, el dueño de un banco venezolano-italiano y un ex agente del FBI pagaron unos US$ 300.000 a consultores que apoyaron la campaña de Vázquez a cambio de favores políticos.

Las autoridades alegan que el propietario del banco Bancrédito, que estaba siendo investigado por la autoridad reguladora de la isla, pidió indirectamente a Vázquez que sustituyera al jefe de este organismo por un dirigente elegido a dedo.

El propietario del banco Bancrédito, Julio Martín Herrera Velutini, que estaba siendo investigado por la autoridad reguladora de la isla, se habría coordinado con uno de los colaboradores de la campaña de Vázquez, el exagente del FBI Mark Rossini, para llevar a cabo el soborno.

Ambos han sido acusados junto a Vázquez. El actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no está bajo investigación, dijeron las autoridades.

Vázquez, así como Herrera y Rossini, podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo el fiscal del distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa.

Vázquez hizo su primera aparición en el tribunal en la tarde del jueves. La magistrada del distrito de Puerto Rico Camille Velez-Rive dictaminó que la ex gobernadora podía ser liberada bajo una fianza de US$ 50.000 con la condición de que entregara su pasaporte.