Entre los aspectos de cambios, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó la reestructuración de la policía nacional y la "disolución" oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales, denunciada por violaciones de derechos humanos mediante torturas y asesinatos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este miércoles que Venezuela ha dado algunos pasos para fortalecer el estado de derecho, pero que aún preocupa la falta de independencia del sistema judicial.
Desde hace dos años la oficina de Bachelet ha venido documentando incidentes sobre los derechos humanos en Venezuela y el nuevo informe, que detalla la situación entre mayo de 2021 y abril de 2022, mencionó que en ese período hubo reformas policiales y judiciales.
Entre los aspectos de cambios destacó la reestructuración de la policía nacional y la "disolución" oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, denunciada en otros reportes de violaciones de derechos humanos mediante torturas y asesinatos. Mencionó que además ha habido una reducción del número de muertes en operaciones de seguridad.
"Quiero alentar a las autoridades a que tomen más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el país", dijo Bachelet durante una sesión de la ONU. "Reitero mi pedido a que las personas detenidas de forma arbitraria sean puestas en libertad", agregó.
La alta comisionada señaló que "preocupan las condiciones de los centros de detención en los servicios de inteligencia. No son adecuados para tener personas privadas de libertad dado los riesgos de maltrato e incomunicación".
El informe señaló que aún faltan medidas para fortalecer la independencia del sistema judicial venezolano, por lo que considera que los nombramientos de jueces tendrían que hacerse mediante un proceso "público y transparente".
El Parlamento nombró este año nuevos miembros en el máximo tribunal, una designación que genera inquietudes entre críticos y opositores. La oficina de Bachelet dijo que la vinculación de "varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la reparación de poderes".
Agregó que continúa preocupando la "estigmatización y criminalización" de los representantes de la sociedad civil y "el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación".
El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a una solicitud de comentarios.
Esta semana el primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, rechazó el informe de Bachelet y dijo que en "Venezuela hay absoluta libertad de expresión y de expresarse (...) El tema de la libertad de expresión no es de los medios, sino del pueblo".
Opositores también cuestionaron aspectos del reporte. La dirigente Delsa Solorzano dijo que el informe "está lleno de falsedades" respecto a los cambios en los cuerpos de seguridad al resaltar que el grupo FAES no desapareció, sino que cambió su nombre.
El reporte mencionó preocupaciones por el sistema de salud y dijo que se siguen reportando "falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada".
