Desde el gobierno revelan que más de 10 mil personas en esta situación han logrado conseguir un puesto de trabajo durante el último año.
A un año de la implementación de la ley 21.015, la cual incentiva la contratación de las personas en situación de discapacidad, la Fundación Chilena para la Discapacidad, en conjunto con el diputado RN, Eduardo Durán, presentaron el estudio "Una primera aproximación a la inclusión laboral de usuarios en situación de discapacidad de Red Fundación Chilena para la Discapacidad, Región Metropolitana”.
Si bien desde el gobierno revelan que más de 10 mil personas en esta situación han logrado conseguir un puesto de trabajo durante el último año, esa cifra dista mucho de alcanzar los 27 mil 500 empleos que debieran crearse con la puesta en marcha de la norma. Además, según consigna el estudio, de este número, solo un 22% de los profesionales ha encontrado trabajo de la profesión que estudió, mientras que, del porcentaje de personas con discapacidad psíquica, un 69,4% ha sido rechazado en razón de esta característica.
Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, organización encargada del estudio, enfatizó que, si bien las cifras de inclusión han aumentado durante el último año, “la cuota no solo la deben cumplir las empresas en la Región Metropolitana, sino también en otras regiones del país, donde hay alta prevalencia de discapacidad y donde aún hay personas que no encuentran empleo”.
Segundos después, remarcó que “hemos visto concentrado el cumplimiento de la cuota en la Región Metropolitana, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso, que son las más grandes. Sin embargo, los extremos norte y sur aún tienen deficiencias en este aspecto”.
“No podemos decir que ha habido una implementación perfecta de la ley, puesto que solo el 40% de las empresas y servicios públicos ha cumplido la normativa durante este primer año de vigencia” manifestó, por su parte, el diputado RN, Eduardo Durán. “Ahora esta cifra va a disminuir, puesto que ingresa una mayor cantidad de empresas, incluso las que tienen entre 100 o 200 trabajadores, por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo aún más grande para tener una inclusividad total y para que las personas puedan ser socialmente promovidas y tener mejores y mayores posibilidades”, advirtió.
La autoridad también se detuvo a analizar los aspectos que no están contemplados en la ley, como la diferencia que puede significar el origen socioeconómico para una persona con discapacidad. “Tenemos que darles mayores posibilidades a las personas con discapacidad de estratos sociales más bajos, porque una persona con discapacidad que vive en situación acomodada tiene una red de protección, por lo cual nunca va a quedar desamparada, pero a una persona en situación de pobreza, una discapacidad podría llevarla a ser más pobre. Tenemos que saber cómo sacarla de ese círculo y que tenga una mejor calidad de vida”, subrayó el diputado, haciendo un llamado a la acción.
