Entre los detenidos se encuentra Jaime Rubiano, exdirector, quien se desempeñó en ese cargo hasta hace dos años.
El Espectador. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Colombia, capturó el pasado miércoles en la mañana a siete exfuncionarios del Hospital Universitario del Valle (HUV), uno de los centros médicos más importantes del sur del país, por presunta celebración indebida de contratos al interior del centro asistencial.
Estaría siendo investigado un millonario contrato de suministro de medicamentos
Entre los capturados se encuentra Jaime Rubiano, exdirector del HUV hasta hace dos años, y quien ya había sido destituido e inhabilitado por un periodo de 12 años por irregularidades en dos contratos realizados en 2013.
A la vez que Rubiano fueron capturados la gerente financiera del HUV, Natalia Caicedo, el exjefe de planeación Alejandro Vallejo; la exasesora jurídica del hospital Luz Marina Lagarejo; y Carolina Marin y Harold Cárdenas, también administrativos.
El HUV se encuentra sumido en una grave crisis económica por un desfalco de $22.000 millones (US$ 7,3 millones) que ocasionó que este año la institución entrará en la ley de quiebra (Ley 550) y sus pacientes tuvieran que ser redirigidos a otras instituciones locales. Actualmente el centro médico atiende únicamente los casos de alta complejidad.
Sobre el caso de corrupción al interior del HUV, desde julio pasado la Contraloría General de la Nación había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones (US$ 41,2 millones). Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos.
Una de ellas fue el pago de $2.208 millones (US$ 735.942) a 124 acreedores “sin que se hayan recibido bienes y servicios, y sin que existan demandas para la recuperación del recurso”, algo con una posible connotación fiscal.
En su momento a Rubiano le abrieron pliegos de cargos por dos contratos realizados el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2013. El primero estaba destinado para la operación del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidado intensivo coronario; el segundo, para montaje y puesta en operación, administración y gestión del servicio de cirugía digestiva y cirugía bariátrica por laparoscopia.
El CTI añadió que podría capturarse a otra persona.
