El tribunal de justicia señaló que las actividades del país colombiano en la zona nicaragüense, incluida la cesión de derechos de pesca a terceros y la interferencia en la investigación marítima, violan los derechos soberanos de Nicaragua.

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminaron este jueves que Colombia debe "cesar de inmediato" las patrullas y sus intentos por controlar la pesca en partes del Caribe que, según el tribunal, están dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua.

El tribunal dictó que las actividades de Colombia en la zona nicaragüense, incluida la cesión de derechos de pesca a terceros y la interferencia en la investigación marítima, violan los derechos soberanos de Nicaragua.

En 2012, la CIJ dictó una sentencia que redujo la extensión del mar que pertenece a Colombia.

Las nuevas fronteras marítimas aumentan la plataforma continental y la zona de exclusión económica de Nicaragua en el Caribe, acceden a los depósitos submarinos de petróleo y gas, así como a los derechos de pesca en esas aguas.

Este jueves, los jueces también ordenaron a Colombia cambiar un decreto presidencial de 2013 que establecerá una zona alrededor de las islas colombianas en el área en disputa.

Según la corte, la zona, tal y como se menciona en el decreto, es demasiado grande y los poderes que Colombia dice tener en el documento no ajusta sen al derecho internacional consuetudinario.

Tras el fallo, un abogado de Colombia dijo que no lo consideró como una victoria para Nicaragua porque no se concedieron todas sus peticiones.

“En general, el balance de esta decisión es muy favorable para Colombia y nos consideramos contentos con los resultados obtenidos”, dijo Carlos Arrieta Padilla a los periodistas fuera del tribunal.

Añadió que Colombia no puede aplicar aspectos del fallo antes de pasar por un "procedimiento especial". Bogotá ha argumentado que sólo puede cambiar sus fronteras por medio de un tratado bilateral y que, por lo tanto, no puede aplicar en su totalidad el fallo de la corte de 2012.

Los abogados de Nicaragua en el tribunal declinaron hacer comentarios sobre el fallo.