El Tribunal Administrativo de Chocó, departamento del que hace parte Bojayá, indicó en un fallo que "se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas".
El Estado colombiano fue condenado este 10 de mayo a pagar 312.564 millones de pesos (unos US$95 millones) por el desplazamiento causado por masacre en 2002 en el municipio de Bojayá, noroeste del país.
El Tribunal Administrativo de Chocó, departamento del que hace parte Bojayá, indicó en un fallo que "se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas".
Los hechos, aclaró el tribunal, se generaron por la "omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes".
El 2 de mayo de 2002 la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sostenía un enfrentamiento con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el control territorial, lanzó un cilindro bomba que estalló en una iglesia católica en la que se encontraban escondidos los lugareños.
El Estado colombiano falló en proteger a sus ciudadanos. Ese ataque mató a 79 personas, entre ellas 48 niños, y dejó a más de 100 heridas. A pesar de que la responsable de la masacre que provocó el desplazamiento de 1.195 personas es la hoy desmovilizada guerrilla, el Tribunal determinó que el Estado debía proteger a los pobladores luego de ese hecho.
Además, recordó que 10 días antes de la masacre se sabía que el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en la zona era inminente, motivo por el cual el Estado debió enviar tropas para evitar lo que finalmente ocurrió. "Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos", indicó al respecto el tribunal.
