Estados Unidos ha manifestado su oposición frente a los cambios que quiere realizar el mandatario mexicano en el sector energético, argumentando que ponen en riesgo inversiones por más de US$ 10,000 millones de compañías estadounidenses en el país latinoamericano.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJ) avaló este jueves puntos clave de una polémica reforma a la ley del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por el Congreso en 2021, pero en una votación dividida que no alcanzaría para evitar impugnaciones a la norma.

En uno de los temas de mayor interés para el mandatario, el máximo tribunal falló que los cambios en el orden del despacho establecidos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son constitucionales, una medida que favorece a la estatal CFE, pero que ha sido duramente criticada por empresas y gobiernos de países socios de México, como Estados Unidos.

La nueva LIE, establece que la CFE tendrá prioridad para subir su energía a la red, modificando el orden del despacho previo, basado en un criterio económico que favorecía la generación de renovables por ser menos costosa.

La ley establece que se deberá privilegiar el despacho de hidroeléctricas, seguido por otras plantas de la CFE, luego la producida por centrales eólicas y solares de empresas privadas y al final la energía de ciclo combinado de particulares.

La Corte validó también la posibilidad de revisar, renegociar o terminar contratos con productores independientes de energía, viejos convenios que el Gobierno ha acusado de "leoninos" para la CFE argumentando que dañan las finanzas de la estatal y favorecen a empresas privadas.

El tribunal consideró que, en este rubro, los cambios a la ley "no transgreden los principios de no retroactividad y seguridad jurídica, por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público y ser lo suficientemente precisos", de acuerdo a un comunicado.

Resultado incierto

Pese al resultado, la votación en SCJ de una impugnación interpuesta por senadores, estuvo muy cerca de resultar negativa para el mandatario -un nacionalista en materia energética y petrolera- pues el proyecto en su conjunto obtuvo siete de los ocho votos necesarios para ser desechado y solo cuatro que lo avalaron, suficientes para dejar vigentes los cambios a la LIE.

La nueva LIE no ha entrado en pleno vigor pues ha sido frenada en tribunales. Lo sucedido en el máximo tribunal no evitaría que nuevos desafíos a la ley en juzgados, según expertos.

"Los amparos siguen, la contrarreforma parece no pasar, los amparos de llegar a la corte, ganarán por mayoría simple", dijo Víctor Ramírez, portavoz de la Plataforma México Clima y Energía, en su cuenta de Twitter al referir que al no haberse alcanzado los votos para descartar la reforma continuarán las impugnaciones a la aplicación de la LIE.

La discusión en la SCJ se da en medio del debate de una iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico, enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados en octubre y que se espera que sea votada la semana que entra.

Esa iniciativa contiene básicamente los mismos cambios ya aprobados en la LIE, pero el mandatario decidió enviarla para modificar la Constitución tras los problemas para poner en marcha la nueva LIE.

Estados Unidos ha manifestado cada vez con más fuerza su oposición a la reforma constitucional del mandatario y los cambios en el sector energético, argumentando que pueden poner en riesgo inversiones por más de US$ 10,000 millones de compañías estadounidenses en México en esos negocios.

Tras la decisión de la SCJ, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó la preocupación de su país porque el aval de la SCJ a la nueva LIE pueda generar un "sinfín" de litigios e incertidumbre y obstruya la inversión.

A finales de marzo, en su segunda visita a México en lo que va del año, el enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry, instó a garantizar que la reforma constitucional no viole el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y el trato favorable que deben tener las empresas estadounidenses de acuerdo al pacto.

Al respecto, la SCJ resolvió que los cambios a LIE no podían analizarse a la luz del TMEC porque el tratado no contiene disposiciones relativas a derechos humanos.