El fallecimiento de Orlando Zapata desató críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

La Habana. El disidente cubano Orlando Zapata, quien murió esta semana tras una huelga de hambre de 85 días, fue sepultado este jueves bajo en su ciudad natal en el este de Cuba, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El fallecimiento de Zapata desató críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, tanto de enemigos como Estados Unidos como de países amigos como España.

El presidente cubano, Raúl Castro, dijo que lamentaba su muerte, pero culpó de ella a Estados Unidos, a quien acusa de financiar a los disidentes.

Reina Tamayo, la madre de Zapata, dijo a la agencia Reuters que más de 100 personas despidieron el féretro de madera en el cementerio de Banes, su pueblo a orillas del Caribe a unos 850 kilómetros al este de La Habana.

"Fuimos custodiados, pero les demostramos que mi hijo seguirá viviendo dentro de nosotros. No les tenemos miedo", dijo por teléfono.

Según la mujer, policías rodearon toda la noche su casa en Banes, donde fue velado el cuerpo de su hijo, un plomero de 42 años preso desde el 2003.

Las fuerzas de seguridad impidieron que más personas participaran en el funeral, donde algunos gritaron "Zapata Vive", dijo Tamayo.

"Yo pienso que con el fallecimiento de Orlando Zapata la oposición interna coja más fuerza, coja más valor e intensifique su trabajo pacífico hacia el régimen", dijo la madre.

Opositores dijeron que Banes, una soñolienta ciudad de 80.000 habitantes cerca de donde nacieron Fidel y Raúl Castro, estaba bajo "estado de sitio" y algunos disidentes debieron disfrazarse para eludir los controles policiales y llegar a casa de Tamayo.

Zapata murió el martes en un hospital de La Habana, a donde fue trasladado de urgencia desde una prisión de máxima seguridad, sitio donde realizaba una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones de detención.

Es el primer preso político que muere durante una huelga de hambre en Cuba desde 1972.

Estados Unidos, la Comisión Europea y España, un gobierno cercano a Cuba, pidieron la liberación de los 200 presos políticos que, según grupos de derechos humanos, hay en las cárceles de la isla.

Amnistía Internacional pidió una investigación sobre las circunstancias de la muerte del disidente.

Cuba considera que los opositores como Zapata son mercenarios reclutados por Estados Unidos para destruir su sistema socialista.