El aumento del salario mínimo que anunciará el gobierno de la República no será aplicable a las cláusulas salariales del Estatuto del Docente, decidió anoche el Congreso Nacional.

El acta fue ratificada ayer a eso de las 22:00 de la noche.

Los legisladores dieron un plazo de tres meses (90 días), para que el gobierno y el sector magisterial logren acordar un mecanismo para que los aumentos salariales de los maestros no estén "amarrados" a la Ley del Salario Mínimo, sino a las posibilidades financieras del Estado.

Según el gobierno, si la revisión este año de la base del salario mínimo es de 8% (el más alto conforme a la inflación), el impacto económico con relación al Estatuto del Docente sería de 1.324 millones de lempiras (Us$68,7 millones), gasto que las finanzas del Estado no podrían soportar.

La comisión de dictamen dirigida por el diputado Daniel Flores Velásquez emitió un dictamen distinto al proyecto original que pedía la derogación de las cláusulas salariales del Estatuto del Docente, por lo que este fue retirado por el secretario de Trabajo, Felícito Ávila.

Según el presidente del CN, Juan Hernández, no era necesaria una interpretación ni la derogación de disposiciones económicas, sino que la adopción de medidas para evitar que los salarios fijados bajo regímenes especiales no sean vinculantes con el salario mínimo.

Por otra parte, indicó que más de quinientos mil hondureños están esperando el ajuste del salario mínimo, una razón de peso para que el Congreso Nacional adopte las medidas que se necesitan.

Mario Pinel, diputado nacionalista por Islas de la Bahía, presentó la moción para dispensa de dos debates, arguyendo la urgencia de los trabajadores que están esperando dicha medida.

La moción fue aprobada por 79 diputados, 25 abstenciones y tres en contra.

En general, el decreto contentivo de seis artículos fue aprobado y ratificado anoche mismo, con una media de 79 votos, con la abstención de los diputados de las bancadas liberal y de la UD.

El decreto tendrá vigencia de un año a partir de su publicación en el Diario La Gaceta.

En su artículo uno (1), el decreto "solicita al Poder Ejecutivo que en el término de tres días anuncie la fijación de la nueva base del salario mínimo, de conformidad con lo que establece la ley".

En el número dos (2), pide "adoptar medidas transitorias de emergencia consistentes en que el salario mínimo que se fije no deberán ser utilizadas como referencia para el incremento de manera automática y directa de los salarios contemplados a servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales".

En el artículo tres (3) "deja en suspenso durante la vigencia del decreto los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales".

En el cuatro (4) fija un plazo de 90 días para que "el Poder Ejecutivo, previa negociación con las organizaciones gremiales fije el ajuste al sueldo base de los servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo con la política salarial general del Estado, sin que esto incremente los beneficios colaterales".

En el cinco (5) dispone que "para mejorar la administración del sistema educativo en uso de las facultades que le confiere la Ley de Procedimientos Administrativos, el Poder Ejecutivo deberá ordenar la intervención de la Oficina de Recursos Humanos docentes de la Secretaría de Educación".

La determinación fue acordada tras largos cabildeos efectuados ayer a lo largo del día por parte del presidente del CN, Juan Hernández y la comisión de dictamen con el Poder Ejecutivo y la dirigencia del gremio magisterial.

Los posibles porcentajes. La expectativa se mantuvo ayer en Casa Presidencial ante la posibilidad de que el presidente Porfirio Lobo Sosa anunciara, en el marco del Consejo de Ministro, el aumento del salario mínimo correspondiente al 2010.

Al parecer, el objetivo era hacer el anuncio ayer mismo, sin embargo, el fracaso de las negociaciones entre dirigentes y el Congreso Nacional detuvo la acción.

Se rumoreó la posibilidad de que el gobierno aprobara un ajuste de 11%, para mantener conforme a la clase obrera, sin embargo, sectores empresariales afirmaron que esta cifra equivaldría a poner una lápida sobre infinidad de empresas. Otra posibilidad que se manejó fue un ajuste de 8% en función de la inflación.