Con el fin de fortalecer la política de prevención, atención integral y reparación a la población desplazada, a más tardar el 30 de junio de 2011, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben venderle a CISA (Central de Inversiones), el colector de activos públicos del Estado, sus carteras morosas, vencidas o con problemas, para que ésta las gestione bajo sus políticas y por el precio que fije el modelo de valoración que tiene autorizado por ley.

Dice el informe del gobierno que la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, determina igualmente que dentro del mismo plazo las entidades públicas del orden nacional transfieran a título gratuito y mediante acto administrativo los inmuebles de su propiedad que se encuentran saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funciones, para que CISA los comercialice bajo sus políticas.

Según el presidente de Central de Inversiones S.A. Javier Arias Toro, lo importante de esta ley es que la transferencia de los inmuebles es obligatoria y debe hacerse antes de seis meses, en consecuencia, todas las 131 entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación tendrán que sentarse a negociar sus carteras morosas con CISA.

Igualmente deben transferir a título gratuito sus inmuebles improductivos. Esta política pública tiene un término al 30 de junio de 2011 para lo cual el Ministerio de Hacienda, a través de CISA, va a iniciar una campaña dirigida a los ministerios, al congreso y a todos los administradores de inmuebles públicos, para poder venderlos y obtener de allí recursos para el Estado.

Las carteras morosas. Las carteras, pagarés, créditos con problemas que llevan varios meses vencidos o en mora, y carteras provisionadas que no tengan naturaleza coactiva, también deberán cederse a CISA, entidad que las comprará fijándoles el precio que arroje su modelo de valoración.

El presidente de CISA, Arias Toro, manifestó que actualmente se tiene un balance aproximado de los inmuebles que pueden pasar al colector pero con respecto a las carteras se está haciendo un censo para tener unas cifras más exactas, dice el informe.

Arias Toro indicó que hasta el momento se están verificando y validando la información, pero los inmuebles saneados reportados por las entidades objeto de la ley pueden llegar a ser 2.000 por un billón de pesos (US$528.203 millones).