La Procuraduría General de la Nación de Colombia, requirió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y al Ministerio de Minas y Energía, para que procedan sin mayor dilación a reembolsar más de 1 billón de pesos (US$511 millones) que han sido dejados de pagar a las entidades territoriales beneficiarias, en detrimento de las inversiones sociales en salud, educación y saneamiento básico que se financian con los recursos del Sistema General de Regalías.

Revela el informe que de la Procuraduría como la ANH recaudó entre los años 2007 y 2010, alrededor de 1,03 billones de pesos, comercializando de manera directa el petróleo recaudado a título de regalía a un mayor precio del liquidado por el Ministerio.

Indica el informe que esta situación genera una diferencia en positivo cuyo valor incorpora en su presupuesto como "margen de comercialización", siendo en concepto de la Procuraduría recursos que en derecho son de propiedad de los beneficiarios señalados en la ley.

Asimismo llamó la atención de la ANH pues no ha cumplido con la función de establecer los términos y condiciones aplicables a los programas de inversión de responsabilidad social empresarial en las zonas de explotación, razón por la cual los sectores de inversión se definen al arbitrio de la empresa contratista del Estado y no, como lo ordena la norma, bajo criterios establecidos por la ANH.

A Ingeominas lo requiere para que tramite ante la DIAN la devolución de cerca de 23 mil millones de pesos que erróneamente ha descontado de los giros de regalías y compensaciones entre los años 2004 y 2010, pues dicho giro está exento del pago del 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros.

La Procuraduría hizo un llamado a Planeación Nacional para que de manera inmediata instruya a la ANH y a Ingeominas, indicándoles que los rendimientos financieros generados por más de 390 mil millones de pesos de recursos de regalías que están suspendidos.

Esta suma debe contabilizarse en favor de las entidades beneficiarias, toda vez que la medida de suspensión tiene fines preventivos y correctivos, no sancionatorios, y no transferir los rendimientos afecta inversiones de carácter público social como son la educación, salud, saneamiento básico y programas tendientes a evitar la mortalidad infantil.