Hoy la ley argentina contempla sanciones penales para las personas físicas que cometen delitos contra el Estado, pero no para las compañías.

Buenos Aires. El Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto para castigar a las empresas involucradas en casos de corrupción que afecten a la administración pública con penas como la suspensión para hacer negocios y fuertes multas sobre sus ingresos.

Hoy la ley argentina contempla sanciones penales para las personas físicas que cometen delitos contra el Estado, pero no para las compañías.

"La amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de los delitos contra la administración pública son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción", explica el proyecto oficial, al que Reuters tuvo acceso el sábado.

La iniciativa, presentada esta semana al parlamento, prevé suspensiones de hasta diez años para las empresas argentinas enredadas en estos casos en el país o en el exterior y multas de hasta el 20 por ciento de sus ingresos brutos anuales.

Las penas contra las empresas serán mayores si la dirección corporativa tenía conocimiento del ilícito o si el delito genera daños ambientales o a la comunidad, entre otros factores.

El proyecto, firmado por el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano, prevé una reducción de los castigos para las compañías que apliquen políticas internas para evitar nuevos casos de corrupción y para aquellas que colaboren durante la investigación de algún delito.