El país está en proceso de renegociar 22 tratados de protección de inversiones bajo parámetros que incluyan el interés mutuo del inversionista privado y del Estado. Los convenios serán denunciados gradualmente, pero no existe un plazo para adecuarlos a la CPE y suscribirlos nuevamente.

Bolivia suscribió 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado se acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, entre otros (ver infografía).

“Hay un plazo para denunciar estos TBI, pero no para renegociarlos”, porque “cada uno tiene fechas de vigencia, por lo que el trabajo diplomático tiene que ser paralelo”. Sin embargo, “todos (los TBI) están en plazo para adecuarlos y suscribirlos nuevamente”, informó a La Razón el procurador general del Estado, Hugo Montero.

La Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que los tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso, renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).

Los nuevos TBI, precisó, serán suscritos bajo criterios que consideren la protección de los intereses de los pueblos; el equilibrio del interés público y social con la propiedad y la ganancia privada; la articulación de soluciones de controversias que combinen derechos indígenas, sociales, humanos, de medio ambiente y de respeto a la tierra; y la búsqueda de inversores que contribuyan al desarrollo económico y social de la región. “Buscar socios no patrones”, complementó Montero.

Proceso. El Procurador sostuvo que el primer TBI denunciado fue el suscrito con Italia y anunció que se preparan medidas similares con otros países. “La Cancillería ha comenzado esta labor con Italia y nosotros vamos a continuar el trabajo con lo que nos corresponda”, expresó Montero.

La aprobación del modelo de libre mercado en Bolivia (1985) —que otorgó a la inversión privada un rol fundamental en la economía—, recordó, permitió “al Banco Mundial (BM) condicionar” a los Estados “ la concesión de créditos a cambio de la privatización de servicios y la suscripción de TBI”.

Estos tratados “dotan a la inversión privada de seguridad jurídica plena para despojar nuestros países y succionar sus recursos”, lamentó ayer Montero, durante el Primer Encuentro Internacional de Procuradores “Rol de las Procuradurías Iberoamericanas y Líneas de Cooperación Mutua en la Perspectiva del Vivir Bien”.

Dos juicios concluidos. Según información oficial, Bolivia desactivó dos de los 12 arbitrajes que le siguen en tribunales internacionales. Los casos serían Rurelec y Swedfund.

Alba-Unasur sustituirían al CIADI en la región

El procurador general del Estado, Hugo Montero, propuso que la solución de controversias de inversión entre una empresa pública o privada de la región y el Estado boliviano se efectúe a través de un sistema inserto en los acuerdos Alba-Unasur.

Aunque fueron originalmente diseñadas como árbitros imparciales, instituciones como el CIADI tergiversaron su propósito y se orientaron más a la protección de las empresas multinacionales, manifestó el Procurador.

“La sustitución de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por un sistema multilateral Alba-Unasur para el tratamiento y solución de conflictos es una lucha más política que legal; parte de una voluntad conjunta para renegociar todos los TBI y al mismo tiempo avanzar en un nuevo sistema que sea compatible con el desarrollo, la protección del medio ambiente y el reconocimiento de la participación social”, dijo.