"Existe una clara presunción de culpabilidad en contra de los Estados y, de hecho, resultados favorables para ellos son casi inexistentes", dijo el Procurador General de Bolivia en torno al actual sistema.

La Paz y Nueva York. El Procurador General de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta, propuso en New York, ante más de 45 representantes del G 77 más China, diseñar un nuevo sistema y mecanismos de solución de controversias en materia de inversiones extranjeras con los Estados.

A su juicio, se debe superar los defectos del actual sistema, rescatando los elementos nobles y sanos de esa institución del arbitraje internacional.

"Se debe ofrecer garantías a la inversión sana y seguridad jurídica no sólo para los inversionistas, sino también para los Estados y el bienestar de los pueblos, que en última instancia son la razón de existir de las sociedades organizadas", afirmó ante los embajadores del G77 mas China, en una sesión informativa sobre el "Sistema de protección de Inversiones y Soberanía" que se desarrolla en la ONU.

Arce expuso ante la comunidad internacional la experiencia funesta que le tocó vivir en la denominada era de la privatización; posteriormente la nacionalización y la actual defensa de los recursos naturales y su economía que implementa el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.

El Procurador boliviano puntualizó que la perspectiva boliviana no es negar el arbitraje como institución centenaria, rápida y efectiva de solución de controversias, sino recalcó que el actual sistema tiene falencias de fondo que van en contra de los Estados y sólo benefician al inversionista.

"La experiencia de los tribunales internacionales ha mostrado que sólo son los inversionistas quienes demandan a los Estados, rompiéndose el principio de equidad, los tribunales internacionales en materia de inversiones deliberan a puertas cerradas, sin permitir el acceso público a audiencias y decisiones que afectan directamente a la población de un país", fundamentó, citado en un boletín institucional.

Arce aseguró que en el caso del CIADI, el Banco Mundial se constituye en juez y parte, tomando en cuenta que esa entidad es la principal acreedora de las empresas demandantes y el CIADI uno de los cinco organismos que la componen.

"Existe una clara presunción de culpabilidad en contra de los Estados, situación que se puede verificar en los índices de procesos cuyos resultados fueron favorables para el Estado, casi inexistentes", respaldó.

Asimismo, afirmó que el universo de árbitros y abogados especialistas en arbitraje de inversiones resulta muy pequeño y poco imparcial, al asegurar que la generación de recursos económicos proviene de los mismos arbitrajes, por esa razón -dijo- que en muchos casos, donde no debería abrirse la jurisdicción arbitral, la misma es forzada en contra de los intereses del Estado.