Las delegaciones de Bolivia y Chile decidieron aplazar hasta mediados de febrero el proceso de diálogo bilateral dispuesto en diciembre por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para resolver el diferendo sobre el incumplimiento del Acuerdo de Transporte Internacional y Terrestre (ATIT) en desmedro del transporte de carga boliviano. El organismo dio un plazo de cuatro meses.

El embajador de Bolivia en Uruguay, Benjamín Blanco, informó de la decisión asumida sobre la reunión que debió realizarse la segunda quincena de enero, luego de que La Paz presentara una demanda contra Santiago por las trabas al derecho de flujo de carga y los atropellos a camioneros bolivianos, pese al Tratado de 1904 que establece el libre tránsito.

“La reunión se confirmó para mediados de febrero. No logramos acordar una fecha en la segunda quincena de enero como estábamos inicialmente pensando por problemas de agenda de las dos delegaciones y por el descanso colectivo de Aladi”, informó Blanco a La Razón Digital.

El organismos recomendó en diciembre el inicio de un diálogo bilateral para resolver la controversia y dio un plazo de hasta cuatro meses para encontrar soluciones a los problemas derivados de las trabas al libre tránsito.

Blanco informó en diciembre que la Secretaria General, a pedido de los países que conforman la Aladi, emitió un informe reafirmando la posición de Bolivia sobre la obligatoriedad que tiene el Gobierno de Chile de cumplir con el artículo 15 de la ATIT, que señala “este acuerdo no significa en ningún caso restricción sobre las facilidades de transporte y libre tránsito que Chile comprometió a Bolivia en el Tratado de 1904, que puso fin a la Guerra del Pacífico”.

El vicepresidente Álvaro García calificó el 28 de enero como un triunfo la decisión tomada por el organismo regional a favor de Bolivia, ya que muestra el incumplimiento del Tratado de 1904 de libre tránsito.

Santiago en el documento ‘El Libre Tránsito de Bolivia. La realidad’, ya fijó una posición sobre esos reclamos bolivianos. Se g arantiza el libre tránsito a favor de Bolivia “de forma amplia, pero los derechos que emanan de él no son absolutos ni ilimitados”, para, por ejemplo, -afirmó- los choferes y el transporte de carga boliviano por carretera que debe cumplir normas internas e internacionales.