Buenos Aires. La política de sustitución de importaciones, que volvió con bríos en su versión de siglo XXI, ya empieza a hacerse sentir en la vida cotidiana de los argentinos.

Dan cuenta de ellos los contingentes de mochilas escolares retenidas en las aduanas a pocas semanas del comienzo de clases, la desaparición de golosinas importadas en los kioscos y la extensa falta de repuestos. Los técnicos de los “services” se quejan de que se les dificulta trabajar por no poder conseguir las piezas necesarias para las reparaciones, tanto en autos como en heladeras y ventiladores.

En rubros como la electrónica, es notoria la desaparición de las marcas internacionales como Dell o Sony en las tiendas (y, como contrapartida, el auge de “marcas B” de factura nacional ensambladas en Tierra del Fuego, como Admiral, Commodore, Banghó y Positivo-BGH). Lo que no cambió fueron los precios, que en los modelos argentinos se mantienen en la franja de los productos importados.

También comienza a dejar su impacto en la opinión pública el cierre de comercios que no pueden continuar su actividad ante la imposibilidad de importar las piezas que necesitan para su trabajo. El caso de una tradicional bicicletería del barrio porteño de Belgrano cuyo dueño se cansó de no poder traer del exterior los repuestos que no se fabrican en el país, o el caso de una óptica de la avenida Santa Fe que decidió cerrar después de 40 años por las trabas para traer material de alta complejidad procedente de Alemania.

¿Un tiro por la culata? Pero esos problemas pueden ser apenas la punta del iceberg. Porque en su afán de mantener un superávit de US$10 mil millones en la balanza comercial, el gobierno argentino está obligado a tachar varios rubros de importación y no sólo los productos de consumo, que al fin y al cabo representan apenas 11% del total de compras de Argentina al exterior.

Tampoco alcanzará con amenazar a las petroleras para que incrementen su nivel de producción y así bajar el nivel de importación de combustibles (que en 2011 fue de US$9 mil millones).

Si realmente el gobierno se propone mantener su “colchón de dólares”, en un año en el que las ventas de soja dejarán US$6 mil millones menos por la sequía, entonces resultará imprescindible avanzar en los otros rubros, como los insumos y los bienes de capital.

Y ahí es donde se produce la gran contradicción entre el objetivo que se proclama y el efecto real.

Es que la industria argentina (como le ocurre hoy a casi todas en el mundo) encuentra grandes dificultades para funcionar sin importar. Hay sectores, como el automotor o la electrónica, donde los insumos importados pueden llegar a 70% del valor del producto “made in Argentina”.

En cuanto a las herramientas y maquinarias, se estima que apenas 10% es de fabricación nacional. Por consiguiente, al trabar las importaciones se producen daños colaterales. Hace pocos días se vio un síntoma de ello, cuando Fiat, una de las más grandes plantas automotrices del país, que provee al mercado brasileño, debió paralizar durante un día su producción porque los funcionarios no permitían el ingreso de un componente importado imprescindible.

Los empresarios argentinos plantean estas quejas a diario, pero a juzgar por la reacción de los funcionarios, su capacidad de persuasión es limitada.

Trascendió que desde el gobierno no sólo se prevé revisar las medidas de cierre de importaciones sino que todo apunta a una mayor rigidez.

Un caso paradigmático es el de los “regímenes de excepción”, por los cuales en algunos sectores industriales considerados estratégicos se establecía una especie de “fast track” para el ingreso de insumos, en vez de recurrir al lento trámite regular de las “licencias no automáticas”. Para el primer caso, se podía concretar una importación en pocos días, mientras que en el segundo era necesario plantear el pedido con una antelación de seis meses.

Estos regímenes permitían, en medio de una economía con creciente proteccionismo y cierre de importaciones, que las industrias pudieran seguir trabajando con insumos importados.

En industrias como la automotriz, este régimen es usado para la compra de 80% de los componentes. Sin estos permisos especiales, se haría necesario tramitar 30 mil pedidos de licencia no automática cada mes.

Mientras tanto, el nuevo sistema de solicitud previa para realizar las importaciones empezó a funcionar el pasado miércoles, todavía con la incertidumbre sobre qué tan lejos llegará el celo de los funcionarios.

Recién en dos semanas habrá una idea aproximada del porcentaje de los pedidos que fueron rechazados. Pero la inquietud de los importadores es palpable, luego de que el gobierno rechazó una propuesta para que se estableciera un “piso” libre de controles, es decir un nivel de valor debajo del cual se permitiera el libre ingreso.

También en este caso el pedido de los empresarios chocó contra una férrea decisión del gobierno por mantener el cierre.

“Como será de grave la situación que hasta los directivos de la Unión Industrial Argentina, que son los campeones del proteccionismo, están preocupados”, ironizaba el economista José Luis Espert, en alusión a una carta donde los industriales planteaban su inquietud por las nuevas medidas de control.

El sistema, que oficialmente fue presentado como una modernización del trámite según los usos internacionales y que, para mayor simplicidad operativa, instauraría una ventanilla única, quedó rápidamente en evidencia como otra traba política.

Para empezar, la “ventanilla única” es, en realidad, una ventanilla doble, ya que los importadores deben realizar el mismo trámite en paralelo antes dos autoridades. Por un lado ante la AFIP, que es el organismo recaudador y es donde se harán las objeciones técnicas. Y, por otro lado, ante la Secretaría de Comercio, donde manda el todopoderoso Guillermo Moreno, que hará la evaluación de política económica.

¿Hasta dónde llegará la voluntad del funcionario preferido de Cristina Kirchner por frenar las importaciones? Por ahora es una interrogante sin respuesta. Hay trascendidos periodísticos en el sentido de que Moreno no pretende trabar en forma masiva los pedidos, sino que su equipo se centrará en las 100 empresas más grandes, donde el permiso para la realización de importaciones estará condicionado a que se garanticen exportaciones compensatorias por el mismo monto.

Hay, claro, un factor que juega a favor de los importadores, y es la presión internacional. A las primeras manifestaciones de preocupación por parte del gobierno y los empresarios uruguayos (que tuvieron amplia difusión en los medios argentinos), le siguieron la protesta de la Unión Industrial Paraguaya y (lo que más asusta al gobierno argentino) las expresiones de preocupación desde Brasil.

La secretaria de Comercio Exterior brasileña, Tatiana Prazeres, adelantó que Brasil analizaría la “consistencia jurídica” del nuevo régimen. Y el presidente de la poderosa Federación de Industrias de San Pablo, Paulo Skaf, vino personalmente a Buenos Aires para interiorizarse sobre el funcionamiento de los nuevos controles. A juzgar por sus declaraciones, o bien es muy diplomático, o realmente los funcionarios argentinos fueron persuasivos, porque se fue confiado. E incluso, impresionado por la pasión proteccionista de Guillermo Moreno, bromeó con su deseo de “importar” al funcionario hacia Brasil.