Organismo de asesoría tiene la potestad de plantear acciones y políticas en el sector tributario, la matriz productiva, la consolidación de la dolarización y la promoción de inversiones, entre otras.

Ecuador. Han transcurrido 79 días desde que el presidente Lenín Moreno creó el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, una instancia de diálogo y concertación público-privado cuyo objetivo es promover la inversión, la producción y el empleo. Según el plazo establecido, la propuesta deberá estar lista el 26 de septiembre para conocimiento del mandatario.

Según el Decreto Ejecutivo que le dio vida, este organismo de asesoría tiene la potestad de plantear acciones y políticas en el sector tributario, la matriz productiva, la consolidación de la dolarización, la promoción de inversiones, la atracción de capitales, generación de empleo en el marco de garantías de derechos de los trabajadores, el impuso alianzas público privadas, promoción de crédito productivo; fomento de la producción nacional y el consumo responsable, y la transparencia fiscal.  

Sobre estos temas se establecieron cinco ejes temáticos (entorno y productividad, acceso a mercados, inversión y financiamiento, innovación y calidad y tributación) y se crearon 21 mesas sectoriales de diálogo que en más de dos meses levantaron, conjuntamente con el sector productivo privado, una serie de propuestas que deberán ser condensadas a partir de este lunes.  

Las propuestas. Según señaló Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, se generaron más de 1.000 propuestas. De esas, las 13 más relevantes fueron resumidas por la ministra de la Producción, Eva García, quien quedó al frente del organismo en reemplazo del vicepresidente Jorge Glas, luego de que el Jefe de Estado decidiera retirarle las funciones asignadas. 

En su cuenta de Twitter, la funcionaria expuso un documento en el que se enumeran las propuestas: Reformular el anticipo del Impuesto a la Renta, eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), modificar la Ley de Plusvalía, reducir los costos de la energía para el sector productivo, así como los subsidios de combustible.

Además, adecuar el marco de contratación laboral a la realidad productiva, mejorar las condiciones de financiamiento, profundizar en servicios financieros no tradicionales; entregar el Drawback para el sector exportador (devolución de un porcentaje de los impuestos) de forma automática; y el favorecimiento del encadenamiento productivo y la asociatividad con MIPYMES, Economía Popular y Solidaria y artesanos.

Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, indicó que su sector enfatizó en la necesidad de aumentar el porcentaje de las compras públicas para el sector,  obtención de líneas de créditos preferenciales, encadenamientos productivos con la empresa privada a través de incentivos tributarios y capacitación para los actores de le economía popular y solidaria. 

La ministra puntualizó que, una vez presentado el documento, será el presidente Moreno quien tenga la última palabra sobre las propuestas y las reformas legales necesarias. 

Los dirigentes empresariales coinciden en insistir que los principales pedidos del sector son la reducción de impuestos y del gasto público. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es partidario de la derogación del anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y la denominada Ley de Plusvalía, que -según el empresario- han provocado contracción en la economía y por ende en la generación de empleo.

Arosemena dijo que espera que el mandatario acoja las propuestas del empresariado y que se vean reflejadas en la proforma presupuestaria del 2018.

Diálogo productivo. Varios de estos puntos, sin embargo, ya han generado estragos y rechazo en la misma bancada del movimiento Alianza PAIS (AP) que, tras una reunión de la directiva, expresó su preocupación por las conclusiones del diálogo productivo por considerar que contempla “las tesis dominantes son las de los viejos grupos de poder económico”.

En cuanto a la propuesta de la eliminación del ISD, el Movimiento señaló que “sería un grave golpe a la economía del país, porque representa alrededor de 1.000 millones de dólares y pone en riesgo la dolarización, puesto que estimula el flujo negativo de dólares y nos dejaría vulnerables ante los embates del capital financiero internacional”.    

El movimiento político advirtió sobre el interés de adoptar mecanismos de “flexibilización laboral” y retroceder en los derechos de los trabajadores y señaló que el “drawback automático” que solicita el sector exportador en realidad es un nuevo subsidio, adicional a la devolución automática del IVA que pagan los productores en las compras que realizan de materia prima o productos terminados que se exportan.

Rechazaron la propuesta de reducir el costo de energía para el sector productivo; eliminar gradualmente los Subsidios a los combustibles porque “esto solo refleja la vieja práctica rentista de lograr grandes beneficios para las élites que sean pagados con el sacrifico de la mayoría”.  

“Alianza PAIS no permitirá ninguna medida que afecte a la economía de las grandes mayorías populares”, insistió.