Montevideo. Los cierres de las empresas lácteas Ecolat y Schreiber Foods pusieron sobre la mesa las características del régimen de promoción de inversiones que tiene el país y la necesidad –o no- de revisarlo. Se argumentó, desde filas del gobierno, que las firmas habían gozado de beneficios fiscales dados por el Estado y que, una vez que tomaron la decisión de abandonar el país, bajaron la cortina sin muchas explicaciones.

Desde enero de 2005 hasta mayo de este año, los proyectos de inversión que obtuvieron la aprobación para hacerse de determinados beneficios fiscales tuvieron una inversión asociada de US$ 13.773 millones.

Las empresas nacionales o extranjeras que consiguen el visto bueno del Poder Ejecutivo –la promoción de su proyecto– gozan de una serie de beneficios fiscales, en la forma de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio, de las tasas y tributos a la importación o de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). También están previstos beneficios adicionales para micro y pequeñas empresas, así como incentivos para firmas que se instalen en parques industriales.

Comparado con igual periodo del año pasado, el arranque del año parece feliz para el régimen. Entre enero y mayo –último mes del que se han divulgado datos–, 223 proyectos de inversión lograron la recomendación de la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906 (Comap) y fueron elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación. El monto de inversión asociado de todos estos proyectos asciende a US$ 1.073 millones, 11% por encima de igual periodo del año anterior. También creció la cantidad de proyectos recomendados (21%).

A pesar de estos números, en los últimos tiempos se han alzado algunas voces que plantean cuestionamientos a la ley de promoción de inversiones que tiene el país.

La de más peso fue la del propio presidente Tabaré Vázquez, quien tras el cierre de las lácteas Ecolat (perteneciente a un grupo peruano) y Schreiber Foods (de capitales estadounidenses) dijo que el gobierno investigaría la procedencia de las inversiones extranjeras para evitar volver a tropezarse con situaciones similares. En un Consejo de Ministros en Soriano el mandatario apuntó que las empresas que desembarcaran en el país deberían demostrar su "seriedad".

En el Congreso de Intendentes, semanas después de las palabras de Vázquez, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se manifestó en el mismo sentido. Murro sostuvo que dados los beneficios fiscales que recibían estas empresas, deberían tener "ciertas contemplaciones para cuando decidan tomar estas decisiones, para permitirle al país hacer procesos de transición que por ahora no se han podido hacer".

Dentro del Poder Legislativo también han apuntado a este tema. El senador de la lista 711 -del sector del vicepresidente Raúl Sendic- Marcos Otheguy, también criticó al régimen, según consigna La Diaria en su edición del martes de esta semana.

El legislador publicó en su blog un artículo en el cual se plantea si no será momento de "repensar en materia impositiva algunos instrumentos instalados" en los últimos años.

La renuncia fiscal de Uruguay en 2013 por concepto de exoneraciones de IRAE y ley de promoción de inversiones, continúa Otheguy, fue superior a US$ 500 millones. "¿No cabe colocar este tema en la agenda?", disparó.