Jamás pensamos en Cuba como un partidario del libre comercio internacional. No debería extrañarnos, entonces, que haya estado a punto de hacer fracasar el primer acuerdo de la OMC (Organización Mundial de Comercio) en 15 años, el cual se logró en Bali, durante diciembre pasado. Lo que sí puede hacer que enarquemos las cejas es descubrir que estuvo cerca de hacerlo en busca de promover…¡el comercio internacional entre su economía y la de EE.UU.! 

Los hechos tuvieron lugar cuando la viceministra de Comercio cubana, Ileana Núñez, informó al presidente de la conferencia, el indonesio Gita Wirjawan, que si el acuerdo final no incluía una mención a la violación a las reglas del comercio que supone el embargo de EE.UU. a Cuba, un grupo de naciones latinoamericanas impediría cualquier acuerdo. Pero las cabezas de Wirjawan y del brasileño Roberto Azevedo, titular de la OMC, estaban muy lejos de considerar el punto como relevante. Con ocho cumbres (desde la de 2001 en Doha) fracasadas, tratando de lograr un avance que significara algo, se enfrascaron en la propuesta llamada “Doha decaffenaited” por sus críticos. Finalmente lo lograron, aunque no sin refrendar una cláusula que critica los bloqueos comerciales para satisfacer a La Habana.

El acuerdo cerrado impulsa reformas aduaneras globales para facilitar y acelerar el tráfico de productos. Según la entidad, cuando comience su implementación, el 31 de julio de 2014, “se calcula que los beneficios para la economía mundial se situarán entre US$400.000 millones y 1 billón gracias a que los costos se reducirán entre el 10% y el 15%”. En las antípodas de Cuba, en Chile, su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, elogió el acuerdo, diciendo que hará “más expeditos los trámites burocráticos del comercio, incluyendo temas de ventanilla única y que se aplicarán en forma más generalizada”. 

No obstante, quedó un tema pendiente respecto a los programas gubernamentales de productos alimenticios. Para gobiernos como los de la India se trata de un elemento central en sus políticas de seguridad alimentaria. Existe una cifra aceptada de permitir compras de sólo hasta el 10%. Muchos países los ven como una distorsión al comercio. Se debatía el que no pudieran ser impugnados jurídicamente, aunque una nación sobrepasara los límites convenidos. El acuerdo final “pateó la pelota” para adelante, suspendiendo la posibilidad de castigo jurídico si se rebasa ese 10%. Se decidió mantener la solución provisional “hasta que se acordara una solución permanente, así como establecer un programa de trabajo con objeto de llegar a una solución permanente en el plazo de cuatro años”. Es un despegue con una sola ala, pero es un despegue.