Caracas. El gobierno de Venezuela acordó este sábado junto al sector productor e importador del país, una estrategia para el marcaje de los precios de los rubros y productos, a fin de hacer frente a la especulación económica y a la denominada "inflación inducida".

El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, destacó los alcances de una jornada que se prolongó por más de cuatro horas en el palacio presidencial de Miraflores, y que finalmente permitió llegar a un consenso junto a los productores locales.

"Nos sorprendió la cantidad de productores e importadores que vinieron al palacio de Miraflores, con el objetivo de construir el precio para que la especulación y la inflación inducida ceda definitivamente", acotó Arreaza.

El acuerdo establece que los fabricantes nacionales así como los compradores de mercancía extranjera fijarán los precios máximos de venta al público, en el marco de la reforma a la Ley de Precios Justos.

El también conocido como Precio de Venta Justa (PVJ) contempla ganancias de un 30 por ciento, como máximo, para el sector productor, mientras que un 20 por ciento para los importadores.

"Es responsabilidad de los productores hacer el marcaje, el troquelado de precios, no compete a los comerciantes ni a los distribuidores", enfatizó el segundo al mando del gobierno suramericano.

Explicó que las ganancias de la cadena de intermediarios deben regirse por los costos implícitos en la actividad que este sector desarrolla, y no deben ser superiores a las de los productores.

Por su parte, el presidente de la Federación de Industrias (Fedeindustrias), Miguel Pérez Abad, destacó la amplia participación de los empresarios en la jornada.

"No hay duda de que lo que vivimos hoy fue una gran jornada de amplia participación y diálogo abierto, no siempre de coincidencia pero hay un denominador común que es el compromiso con la patria", dijo.

Además, subrayó que en Venezuela están dadas las condiciones para producir y que existen nuevos estímulos para los productores locales para que inviertan en el país.

El pasado 21 de octubre, el Ejecutivo venezolano activó el Comando Nacional de Precios Justos con el propósito de neutralizar los efectos de la "guerra económica" que el gobierno bolivariano atribuye a algunos empresarios privados y dueños de cadenas de comercialización.

La nueva instancia persigue erradicar los flagelos de la especulación económica y la inflación, que han ocasionado un detrimento significativo de la economía ciudadana.