En Honduras el gobierno busca controlar los precios a base de decretos legislativos.

El Congreso Nacional aprobó la ampliación por 20 días del decreto Ley para Combatir la Especulación y Acaparamiento de Productos de la Canasta Básica, cuyo objetivo, aseguran los congresistas, es controlar los precios de consumo popular debido a los altos niveles de especulación y acaparamiento, lo que genera incrementos recurrentes en los precios a los consumidores finales.

Esta decisión fue recibida como un balde de agua fría por los empresarios, quienes reunidos en junta directiva, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se quejaron de las actuaciones políticas del actual gobierno.

"El peor mensaje es para los productores del país, los que toman la decisión nunca han sembrado ni siquiera papas en su jardín y no saben lo que significa ser productor", reclamó Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En cuanto al área de la industria, Urtecho lamentó que los legisladores piensen que los precios los determinan las acciones legales del Congreso Nacional y no los factores que inciden en el valor final de los productos.

"Yo preguntó: ¿qué piensa hacer el Congreso Nacional con el incremento de 14 por ciento a la energía eléctrica? Y no se han puesto a pensar que hay un incremento en los combustibles y estas incidencias no las establece el productor nacional, son impuestas por los mercados".

Los empresarios comentaron que no realizaron ningún recurso de amparo ante la Comisión de Defensa de Promoción de la Competencia porque esperaban una rectificación de parte del Congreso.

"Pensamos que el Congreso Nacional tenía la buena intención de querer estabilizar los precios, pero lo que está haciendo es mandando un mensaje para que la gente no produzca", sostuvo Urtecho.

Sobre este tema, la Secretaría de Industria y Comercio no ofreció ninguna declaración, ante lo cual, Urtecho comentó que "el ministro de comercio está pintado, todo se rige por el Congreso Nacional".

Agregó que "se le salió el populismo a cada uno de los diputados y pensamos que debería darse una ratificación honrosa".

La propuesta fue presentada ante el pleno por Marvin Ponce, diputado de Unificación Democrática (UD).

En la misma se solicita también que sea incluido el precio al consumidor de la bolsa de cemento, el cual se fijaría en 124.50 lempiras (US$6,4)

Por su parte, los miembros de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) sostuvieron que el gobierno no debe prorrogar la misma.

El presidente de la Andi, Adolfo Facussé, afirmó que el gobierno no debe intervenir cuando el clima en el país es tranquilo, porque no hay condiciones para que se prorrogue dicho decreto.

La ley contra la especulación y el acaparamiento, que fue aprobada por los diputados del Congreso Nacional el miércoles 17 de noviembre del año anterior, congelaba el precio de 33 productos de consumo diario por 60 días, los que vencen hoy.

A partir de este día, la ampliación se considera en vigencia, sin embargo, los empresarios aseguran que no tendrá ningún efecto porque sencillamente los productores reducirán sus producciones.

"No habrá necesidad de aumentar de precios o no hacer caso al decreto, aquí los productores se desincentivarán y las producciones se volverán menores en el país", concluyó Urtecho.