"Una toma de control forzada por parte del gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina", dijo el portavoz de Comercio de la Unión Europea, John Clancy, ante la decisión del gobierno argentino de anunciar la nacionalización de YPF, controlada por la española Repsol.

"Esperamos que la negociación entre el gobierno argentino y el mundo empresarial lleve a una solución satisfactoria para todos", sostuvo la autoridad.

Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron levemente su caída tras el anuncio, mientras que la bolsa caía profundamente presionada por los papeles de YPF, que perdían un 2,43% justo antes de ser suspendidos por el regulador del mercado.

"La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción", dijo Marcelo Paccione analista de ConsultCapital Sociedad de Bolsa.

En Nueva York los títulos de YPF se desplomaban un 10,9% a US$19,54 a las 1740 GMT.

Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su "modelo" económico, que ha obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.

Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en un reporte a clientes que "el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto" de lo que llamó la posible "radicalización de la política" del gobierno argentino, que ha estatizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora de aguas local.

Ambas cámaras del Congreso están controladas por el oficialismo, por lo que se descuenta que la norma sea aprobada. Según el proyecto, de la porción a ser expropiada, un 51% quedará en manos del Estado y un 49% será de provincias productoras de hidrocarburos de Argentina.

"No estamos inventado nada", dijo la presidenta de Argentina sobre su propuesta, mencionando una decena de países que cuentan con empresas estatales de petróleo.

Agregó que de su plan surgirá "una empresa nacional y profundamente federal", e indicó: "YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro".

Actualmente Repsol tiene un 57,4% de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local, posee un 25,46%.

No estaba claro cómo se vería afectado cada uno de los accionistas en la expropiación.

Por otra parte, la intervención de la empresa fue puesta a cargo del ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido. Un portavoz de YPF dijo que la firma ya se encontraba intervenida.

"Respuesta adecuada". España dará "la respuesta más adecuada" al anuncio de Argentina, dijo el lunes la secretaria general de organización del gobernante Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal.

"El gobierno tiene que decidir la respuesta que tiene que dar, pero no me cabe la menor duda que sería la respuesta más adecuada para la defensa de los intereses nacionales y de los intereses españoles y la respuesta suficiente y completa para defender el interés de las empresas españolas en Argentina", dijo Cospedal en rueda de prensa.

La ley argentina de expropiaciones contempla indemnizaciones sobre "el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su "modelo" económico, que ha obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.

"Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría esparcir una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores", dijo Capital Economics.