Montevideo. Los comerciantes recibieron con cierta cautela el proyecto de ley del gobierno que prohibirá a los vendedores imponer un mínimo de gasto a quienes quieran pagar con tarjeta de débito y advierten que, de aprobarse el cambio en la legislación habrá ventas que dejarán de ser rentables. "No es bueno que no puedan fijar un mínimo.

Vendés $ 4 y lo que ganás lo perdés en el arancel", manifestó a El Observador Mario Menéndez, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu).

Menéndez señaló que los emisores de tarjetas cobran algo más de 2% a los comerciantes por cada pago que reciben con tarjeta de débito, por lo que, cuando el producto tiene un precio bajo, el margen de ganancia es poco, y si a eso se le descuenta el porcentaje del arancel vender ese producto deja de ser rentable.

"Hay ventas en que no ganás casi nada. Y hay comercios que fijan mínimos en pago de débito para poder sacar ganancias", agregó, y consideró que la medida afectará principalmente a los comercios chicos que tienen poca mercadería y de bajo precio.

Algunos comercios que cuentan con POS (aparato electrónico que permite los pagos con tarjetas de crédito y/o débito) suelen advertir que para pagar con tarjeta, como mínimo se debe gastar determinada suma de dinero.

Esa determinación atenta contra el espíritu que promuevo el Poder Ejecutivo de promover el uso de los medios electrónicos de pago.

Ese mínimo que discrecionalmente fijan los comercios en cualquier monto será ilegal para el débito .

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en un proyecto de ley para "perfeccionar" algunos criterios de la ley de Inclusión Financiera, según informó este sábado El País.

En diálogo con El Observador el integrante de la Asesoría Macroeconómica y coordinador de la ley de inclusión financiera, Martín Vallcorba, explicó que el MEF enviará al Parlamento en las próximas semanas el proyecto en el que se apunta a ser "más preciso" en lo que hoy ya está estipulado en la ley inclusión financiera, en vista de que se han detectado casos de comercios que exigen un mínimo para utilizar las tarjetas de débito.

Hoy la normativa establece que no se pueda dar un beneficio por el pago en efectivo respecto a los desembolsos que se realizan con tarjetas de débito o dinero electrónico, ya sea monetarios (descuentos) o no monetarios (puntos, millas, etc). .

Vallcorba explicó que el espíritu de la ley inclusión financiera apuntaba a que no se diera un "tratamiento más favorable" al efectivo respecto al débito, pero la redacción del artículo solamente hizo referencia a los beneficios monetarios o no monetarios.

"Al establecer un mínimo, uno puede pensar que tiende a favorecer al efectivo que al débito. En realidad eso no estaba alcanzado por lo que preveía ese artículo", admitió el funcionario.

Por eso ahora el gobierno especificará concretamente que los comercios que aceptan débito como medio de pago no pueden fijar mínimos para completar una transacción.

"Esto apunta otorgar una cobertura más amplia respecto a igualar el efectivo con el débito", justificó.

Vallcorba recordó que también se reconocerá en forma explícita que el comercio no está obligado a aceptar medios electrónicos de pagos.

Cuando la ley de inclusión financiera comenzó a operar y el uso de las tarjetas de débito comenzó a ganar espacio, surgió una primera polémica en agosto de 2014 por "la discriminación" que los grandes supermercados realizaban entre quienes pagan en efectivo y las tarjetas de débito para la asignación de puntos, millas y otros beneficios. Fue por ello que el Ministerio de Economía dio como plazo máximo hasta mayo de 2015 para que esa política se corrigiera.

Luego de ese plazo, los comercios quedaron imposibilitados de otorgar un trato más favorable para el pago en efectivo respecto a abonar con cualquier tipo de tarjeta de débito o con un instrumento de dinero electrónico.