Ciudad de Panamá. Para el año 2011 los contribuyentes de Panamá podrán realizar sus pagos al Estado de manera electrónica, gracias a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Según informó Eduardo Jaén, administrador General de la AIG, esta es una iniciativa que comprende una serie de elementos como la instalación de una plataforma de pagos que unirá las páginas web de las entidades estales, los servicios de pagos electrónicos que impulsan las entidades bancarias y al ciudadano.

Además de la modernización de los servicios estatales, se procura que con la incorporación del pago electrónico se obtengan múltiples beneficios para la población, como evitar las largas filas de espera en las ventanillas; se ahorre el uso de papel y se evite que los ciudadanos tengan que desplazarse a los  sitios físicos de pago, lo que conlleva ahorro de combustible, disminuye el tráfico vehicular y libera al contribuyente de sujetarse al horario de las oficinas públicas, explicó Octavio García Lavergne, gerente del Proyecto.

El proyecto de Pago Electrónico que adelanta la AIG, forma parte del Programa “Panamá Sin Papel” y del de modernización de las Finanzas Públicas.  

Aprovechando los recursos tecnológicos disponibles hoy en día, se permitirá el pago de las obligaciones de los Contribuyentes (pago de impuestos, multas, tasas y otros obligaciones) a través del uso de tarjetas de debito, crédito y de servicios de banca en línea.

La AIG explora extender las facilidades a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones a través de los cajeros automáticos e inclusive a través de teléfonos celulares.   

La ATTT es una de la primeras instituciones que se incorporará a este esquema de pagos electrónicos tanto de boletas, registros vehiculares y trámites burocráticos que antes requería que se apersonaran los ciudadanos a los sitios físicos de pagos.  Con estas nuevas facilidades que impulsa la AIG, los ciudadanos y los contribuyentes podrán conocer el saldo de sus obligaciones con las entidades gubernamentales.

Según García Lavergne, el Estado invertirá aproximadamente B/.3 millones  (US$2.946 millones) y en la solución se incorporarán las plataformas existentes en los bancos del país para el manejo de estas transacciones.