El indicador no había registrado su punto más bajo desde mayo del 2015, luego del escándalo por el caso  La Línea  que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Guatemala. Por segundo mes consecutivo, el Índice de Confianza de la Actividad Económica del Sector Privado reflejó una baja y en octubre se ubicó en 20.84 puntos. El resultado se suma a los 25 puntos de la encuesta de septiembre, que es publicada cada mes por el Banco de Guatemala (Banguat).

El indicador no había registrado su punto más bajo desde mayo del 2015, luego del escándalo por el caso  La Línea  que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando la percepción de confianza llegó a 21 puntos.  

El comportamiento actual se da  luego de la crisis política  desatada por la intención  del presidente Jimmy Morales de expulsar del país a  Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a finales de agosto pasado.

El índice de confianza tiene como objetivo conocer la percepción de los agentes económicos respecto del comportamiento de algunas variables económicas, para la toma de decisiones a corto plazo del sector empresarial.

Para medir esa percepción, el Banguat lleva a cabo una encuesta entre grandes, pequeños y medianos empresarios.

Mal momento. El 40% de los entrevistados respondió que para los siguientes seis meses empeorará el clima de negocios para las actividades productivas y el 53% afirmó que se mantendrá igual.

Además, el 93% dijo que la economía no está bien respecto de hace un año. A la pregunta ¿Espera que la evolución de la economía mejore en los siguientes seis meses? El 86% respondió que no. Otro 40%  indicó que es mal momento para hacer negocios y el 60% dijo no estar seguro.

¿Qué ocurrió?. Los resultados publicados este viernes, pudieron estar marcados por dos eventos que ocurrieron en octubre y que influyeron en  los tomadores de  decisiones.

El primero estaría relacionado con el caso Caja de Pandora y la solicitud de antejuicio en contra del alcalde Álvaro Arzú, por la Cicig y el Ministerio Público (MP), el pasado 5 de octubre.

Dos semanas después se conoció la decisión de la agencia calificadora de riesgo-país, por la agencia Standard & Poor’s (S&P), que de BB+ la bajó a BB-, aunque con perspectiva estable.

Ambos acontecimientos pudieron haber influido en una menor percepción de los agentes económicos, entre otros aspectos.