Como un avestruz que esconde su cabeza en la tierra, así se comportan el sector público, las centrales obreras y los empresarios para enfrentar uno de los principales problemas del país: el desempleo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentará esta semana los resultados de su Encuesta Permanente de Hogares, en la cual se hace constar que más de 1.3 millones de hondureños tienen algún tipo de problema para tener un empleo estable. Este comportamiento sigue la misma tendencia de los años anteriores.

Entre mayo de 2006 a mayo de 2009, el porcentaje de personas con problemas de empleo pasó de un 34% a un 42%.

El subsecretario de Planificación (Secplan), Julio Raudales, confirmó a El Heraldo que la referida encuesta del INE fechada a mayo del presente año revela el aumento en la tasa de desempleo generado por el incremento al salario mínimo aprobado durante el gobierno de Manuel Zelaya.

Uno de los principales factores que generó la migración de trabajadores del sector formal al informal fue el aumento del salario mínimo de 3,444 lempiras a 5,500 para la zona urbana y de 4,055 para el área rural.

"La encuesta del INE demuestra un desplazamiento tremendo de la fuerza laboral, porque muchas empresas despidieron gente y otras, de manera simple, incumplieron con el ajuste salarial", indicó.

"Hasta el año anterior, dijo, un 33% de los trabajadores con un empleo permanente ganaban menos del salario mínimo, ahora, ese número subió de manera considerable, sobre todo, en el sector rural", explicó Raudales.

Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras (Cohep) estimaron que unas 180.000 personas perdieron sus puestos de trabajo durante el año pasado.

Las causas se sustentan en la crisis financiera internacional, porque influyó en la pérdida de mercado para los principales productos de exportación hacia Estados Unidos y Europa. También el alza "abrupta" al salario mínimo y la crisis local generada por los eventos políticos del 28 de junio.

El presidente regional de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), Carlos Uclés, lamentó que entre enero de 2009 a junio del presente año unos 200.000 personas perdieron sus puestos de trabajo, la mayoría de ellas en los pequeños talleres.

"La situación económica de nuestras Pymes es cada día más desesperante porque las deudas nos ahogan, es inexistente el financiamiento de recursos frescos y tenemos poco mercado para nuestros productos", dijo Uclés.

Para el secretario adjunto de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano, el panorama laboral, también, es incierto y presenta un futuro poco prometedor.

"Vemos que después de los eventos del 28 de junio de 2009, se han flexibilizado más leyes, se violentan más derechos humanos y laborales. Aún no se ha aprobado el salario mínimo para el presente año", denunció.

Baquedano coincidió en que a diario el desempleo y el encarecimiento del costo de vida de los obreros es creciente, pero el salario se mantiene estático.

"La cantidad de empleo formal merma, en cambio, se incrementa el informal. Es penoso que la Secretaría del Trabajo indique que solo un 60% de las empresas en Honduras paguen el salario mínimo, cuando, estas autoridades son llamadas a velar por el cumplimiento de la ley", lamentó.

El viceminsitro de Secplan expuso que el gobierno apuesta por una "democratización" en las oportunidades de empleo a través de la ejecución del plan de nación, que busca ordenar la economía hondureña a través de la participación ciudadana.

El plan, continuó, es vital para llevar la competitividad del país a los territorios, mediante la regionalización y el desarrollo local así como regional. El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, urgió al gobierno a convocar a todos los sectores a un gran diálogo nacional a favor de generar empleo digno.

El dirigente expresó que antes de comenzar ese diálogo se debe limpiar la agenda laboral, ocupada por un incremento postergado al salario mínimo en el sector privado y un ajuste por los trabajadores del sector público.

Recomendó al gobierno atender la reparación de la red vial del país para garantizar el empleo de varios miles de recolectores de café en la zona rural del país.