Bogotá. Poco campo de maniobra le está quedando al próximo gobierno para la ejecución del presupuesto y su plan de desarrollo.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahíta, confirmó este miércoles que esta administración deja comprometidos $30 billones (unos US$14.878 millones) en vigencias futuras. Se trata de obligaciones de gasto que se definen en un gobierno, pero que se tienen que ejecutar en los subsiguientes.

De lo comprometido, el 95% será para obras de infraestructura, como la Ruta del Sol, el Túnel de La Línea, la Autopista de las Américas, Autopistas de la Montaña y 15 proyectos de transporte masivo en las ciudades. Aún falta determinar la cuantía de los recursos que se destinarán para el sistema integrado de transporte de Bogotá, incluidos el metro y el tren de cercanías, entre otros.

Si bien se trata de obras de beneficio común, se comienzan a oír voces que llaman la atención sobre la presión que este mecanismo crea sobre las finanzas de la Nación. Con los ingresos corrientes (impuestos) el Estado tiene que cubrir pensiones, transferencias y pago de la deuda. Además, otras obligaciones como seguridad, subsidios de salud y programas como Familias en Acción.

Para el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, las vigencias futuras tienen sentido en la medida en que los proyectos sean estratégicos, como se planteó en la Ley 819 de responsabilidad fiscal, que les dio origen. “Pero el concepto se ha desvirtuado, en la medida en que el Gobierno considere estratégicos una cantidad de proyectos”.

Por su parte, Jorge Iván Bula, decano de Economía de la Universidad Nacional, dijo que el manejo que se le ha dado a este mecanismo “sienta un precedente poco deseable y de esta manera se reduce de manera importante el campo de maniobra al próximo presidente de la República”.

Ocurre también que hay dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias, que requieren de un documento Conpes, y las excepcionales, que no lo necesitan y sobre las cuales no hay claridad alrededor de cuáles proyectos se comprometieron por esta vía.

Además, la nueva administración, de acuerdo con la Ley Orgánica de Planeación (152), deberá presentar su plan de desarrollo 90 días luego de la posesión, sin conocer con certeza lo que el gobierno Uribe comprometió en sus últimos 100 días.