Lima. La ambiciosa reforma del sistema privado de pensiones de Perú, que busca abaratar los costos para los trabajadores tras 20 años de funcionamiento, enfrenta demandas de inconstitucionalidad que dejaron bajo amenaza una de las principales promesas de campaña del presidente Ollanta Humala.

Los intentos por frenar los cambios aprobados por el Congreso al sistema de jubilación privada, en su mayoría controlado por los bancos más poderosos del Perú, podrían derivar en el primer choque entre el sector financiero y Humala, que está a pocos días de cumplir su primer año en el poder.

La reforma busca incorporar al sistema de previsión social a casi dos millones de personas actualmente sin protección, reducir en al menos un 30% las comisiones que cobran las administradoras (AFP) por gestionar los fondos y sumar nuevos jugadores al negocio, según el gobierno.

El izquierdista Humala ganó la presidencia en el 2011 con un fuerte mensaje social, en el que prometía una mayor inclusión pero manteniendo una política económica de libre mercado.

Pero la Asociación de AFP ha expresado su rechazo a varios puntos de la ley, calificándola de "inconstitucional", mientras que un sector de la oposición en el Congreso ya presentó una acción de invalidez ante el Tribunal Constitucional.

El gremio de afiliados al sistema privado de pensiones, que representa a unos 5 millones de aportantes al fondo, presentó también una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

El sistema, operado por cuatro AFP que administran un fondo de US$30.000 millones, es una de las fuentes más importantes de inversión en Perú. Aportan buena parte del volumen en la Bolsa de Valores de Lima y financian proyectos de infraestructura.

"Reiteramos nuestra preocupación de que la Ley sea vulnerable a cuestionamientos constitucionales afectando la estabilidad del sistema" de pensiones, dijo la asociación de AFP en un comunicado en varios medios de comunicación.

Analistas ven difícil que progrese una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Pero creen que las AFP ganarán tiempo para poder presionar por cambios en la letra chica de la reglamentación, que buscaría echar a andar finalmente el nuevo esquema en el 2013.

Cambios. Las gestoras privadas de pensiones existen hace más de tres décadas en Latinoamérica, con Chile como pionero. El modelo chileno fue exportado en los años siguientes a países como Perú, Colombia, Argentina, México, Uruguay y Bolivia, entre otros.

Pero el costo de las comisiones que cobran y la capacidad de respuesta a los ciudadanos frente a una crisis financiera global siempre han sido puntos sensibles en el sistema, en una región con una larga historia de desbalances económicos.

Entre los puntos más importantes de la reforma destaca un nuevo sistema de recaudo de las comisiones, que pasará de ser un cobro porcentual sobre el salario del trabajador a un cargo sobre el fondo de cada aportante, tal como sucede en México y Bolivia, aunque el cambio se dará en un período de 10 años.

Las AFPs y congresistas de oposición afirman que eso es inconstitucional, porque se viola el carácter de intangibilidad que posee el dinero de los afiliados según la Constitución.

"La Constitución dice que los fondos son intangibles, pero la ley dice que los fondos son intangibles salvo lo estipulado en esta ley, la norma es inconstitucional porque no puede ponerle un salvo a la Constitución", dijo el jefe de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta.

Para el ministerio de Economía y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la norma es "totalmente constitucional", porque lo que se extraerá del fondo sigue teniendo un fin previsional, como es el cobro por administración.

"No solamente es el fondo, sino la administración del fondo es intangible y eso no cambia por el cobro por saldo, porque al final cualquier cobro que se haga es para garantizar el pago de la pensión", dijo el ministro de Economía, Luis Castilla.

Nuevos afiliados. La reforma de Humala busca afiliar al sistema privado a 1,9 millones de trabajadores, incluyendo independientes, que actualmente no aportan a ningún esquema de previsión.

La norma establece que cada dos años se licite la administración de los fondos de los nuevos trabajadores, en una subasta en la que la AFP que ofrezca la menor comisión se quedará con ese flujos. Esto daría pie a que una nueva administradora de fondos ingrese al mercado local.

La primera licitación se realizará en diciembre de este año.

La bancada fujimorista, la principal fuerza de oposición al gobierno y autores de la demanda de inconstitucionalidad, afirma que este nuevo esquema vulnera el derecho a la libre elección.

"Se establece una licitación por la cual durante 24 meses se tiene cautivos a los aportantes para una empresa", refiere la demanda presentada por ese bloque.