El déficit fiscal en 2016 fue de US$7.538 millones y se espera que este año sea igual, dice Jaime Carrera, director del OPF, quien teme que este modelo económico que implicó la duplicación, desde 2006, del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto se mantenga con el presidente electo Lenín Moreno por ser de la misma línea.
Unos con más, otros con menos. La certeza es que cada presidente de la República que termina su mandato en Ecuador hereda a su sucesor, entre otros desafíos, unas finanzas públicas con saldo en rojo (más gastos que ingresos) desde el retorno a la democracia, en 1979. Este 24 de mayo no será la excepción. El primer mandatario Rafael Correa –quien saldrá del cargo tras permanecer más de diez años en el poder– deja un presupuesto con un déficit acumulado de enero a marzo de este año que alcanza los US$2.081 millones, según el Observatorio de Política Fiscal (OPF) –ONG que analiza el presupuesto basado en datos oficiales.
El déficit fiscal en 2016 fue de US$7.538 millones y se espera que este año sea igual, dice Jaime Carrera, director del OPF, quien teme que este modelo económico que implicó la duplicación, desde 2006, del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto –sustentado en parte con el uso de los fondos petroleros más deuda– se mantenga con el presidente electo Lenín Moreno por ser de la misma línea.
De lo disponible en las arcas fiscales dependen más tareas pendientes, como la reducción del déficit de vivienda, de la tasa de desnutrición crónica infantil, la eliminación de la pobreza extrema, la generación de empleos que revierta la situación de vulnerabilidad en la que está sumida la mayor parte de la masa laboral, según analistas.
Son ofertas incluidas en el plan de gobierno de Moreno, al igual que la migración hacia una economía menos dependiente del petróleo.
Con la diferencia de que hoy el país tiene una mejor infraestructura y cuenta con mayor cobertura en áreas como salud y educación, según José Gabriel Castillo, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol, quien lo define como tener “un mejor auto” que ha avanzado poco o nada en la transición hacia una economía pospetrolera: “El hecho de que hubo más dinero invertido en la economía a raíz de la disponibilidad de recursos del Estado ha mejorado las condiciones del hogar, no obstante..., al hacer un ejercicio de comparación de la tasa nacional de desempleo que publicaremos en los próximos días, lo que uno puede ver es que estamos casi volviendo al mismo nivel de actividad económica (en la generación de empleo) que teníamos entre 2003 y 2005”.
Esto, luego de que en siete de los diez años completos de Correa como presidente hubo precios del petróleo por encima de los $ 60 por barril. Incluso alcanzó un valor promedio de US$83,38 en 2008, US$97,68 en 2011, US$98,5 en 2012, US$95,87 en 2013 y US$84,32 en 2014. Su costo bajó en 2015 y en 2016 cuando se cotizó en $ 42,17 y $ 35,25.
Esta última reducción coincide con un periodo de recesión y ratifica que sigue la alta dependencia al petróleo. El informe anual del INEC titulado ‘Panorama laboral y empresarial del Ecuador 2016’ señala que “el efecto de la caída del precio del petróleo” ha sido “altamente nocivo”: “En promedio entre 2004 y 2015, el petróleo representó el 50,8% de las exportaciones, el 30,5% de los ingresos del Sector Público no Financiero (SPNF), el 24,4% de los ingresos del Gobierno Central y el 11,1% del PIB”.
El documento añade que este peso es volátil ya que depende de la evolución del precio del petróleo, es decir, mientras más alto es su valor, mayor es la dependencia. De enero a marzo de este año, el crudo se cotizó en $ 44,14, un poco más del doble de lo que costó en el mismo periodo de 2016: $ 26,16.
Mejores empleos. Otro de los retos, agrega Castillo, es la generación de empleos de calidad: “Estamos en mejores condiciones..., tenemos un mejor vehículo, pero con el mismo empleo, hay acceso a crédito, pero no estamos demandando todo ese crédito para actividad productiva porque si me pongo un negocio tiene una esperanza de vida de un año máximo”.
Hoy más de la mitad de la población económicamente activa (personas en edad de trabajar que buscan empleo, lo tienen o están desempleadas) gana menos del salario mínimo (24,7%) está subempleada (21,4%) o no recibe remuneración (10,9%), en marzo pasado, última cifra publicada por el INEC, lo que en conjunto alcanza el 57% de la PEA. Mientras, la tasa de desempleo fue del 4,4% y el empleo adecuado/pleno –porque ganan igual o más del salario mínimo– llega a 38,5%.
Según el INEC, estos porcentajes son comparables desde marzo de 2014 por la ampliación de la cobertura de la encuesta para el primer trimestre del año. En ese entonces, el empleo adecuado/pleno fue de 45,5%, mientras que el resto de categorías agrupadas hasta el 2015 por el INEC dentro del empleo inadecuado, completaron un 49,4%.
En las ciudades, la proporción ha variado poco. En marzo de 2008, el empleo no pleno, el subempleo y el no remunerado sumaban 43,6%, mientras que el empleo adecuado/pleno fue de 47,3%, el mismo porcentaje de marzo pasado en las zonas urbanas. Así mismo, el empleo no pleno, el subempleo y el no remunerado sumaron 43,1% este año.
El ingreso promedio de las personas con empleo es de $ 325,1 y entre los subempleados es de $ 151,73. Aunque hay un avance en el porcentaje de trabajadores con seguridad social, que pasó de 29,5% a 42,3% entre diciembre de 2007 y el mismo mes del año pasado.
Para Iván Rivera, director del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Espol, el principal impacto de la década de Correa en el poder ha sido la estabilidad política, un punto que considera clave en un sistema democrático: “Esto en mi criterio ha permitido devolver un rol importante al Estado desde la construcción de políticas públicas como solución a demandas de los ciudadanos”.
Aunque, dice Rivera, una de las claves de la estabilidad fue la bonanza: “Durante gran parte del Gobierno contó con importantes recursos económicos provenientes de diversas fuentes, lo cual le permitió dinamizar la economía, convirtiendo al Estado como el actor clave e impulsor estratégico de proyectos y soluciones para las demandas”.
A ello se suma lo que este especialista denomina como el ‘mito de gobierno’: “No toda comunicación es política, pero toda la política se comunica. El presidente sabe esto, por lo tanto él y su equipo... instituyeron la marca de la revolución ciudadana (RC) para integrar la comunicación del Gobierno. Dejando claro que el comunicador es el presidente Correa, los enlaces sabatinos, gabinetes itinerantes, ruedas de prensa, cadenas nacionales, etc., sirvieron para instalar la imagen de Rafael Correa como un presidente conectado al pueblo...”.
Contrario. Sin embargo, Alberto Acosta, exaliado al régimen, es crítico con esta década. Sostiene que Correa es “el presidente que más tiempo ha estado en funciones, que ha gozado de una enorme estabilidad política gracias a los enormes ingresos fiscales: los mayores de toda la época republicana, y al enorme poder acumulado, atropellando la propia Constitución”.
Acosta considera que estos factores, “le aseguraron por muchos años un enorme respaldo en amplias capas de la sociedad, incluyendo los grupos más acomodados: los principales beneficiarios de este gobierno, que no tuvo nada de revolución, ni de socialismo”. Aunque reconoce la mejora en ciertos servicios públicos, como el Registro Civil, Acosta agrega que en educación y salud no se llegó a las metas establecidas en la Constitución de Montecristi: 6% y 4% del PIB. Desde el punto de vista ideológico, el expresidente de la Asamblea Constituyente afirma que el correísmo ha vaciado de contenido el concepto del “buen vivir o sumak kawsay”, al transformarlos “en herramientas para su multimillonario aparato propagandístico y en un instrumento de concentración del poder”.
