Devaluación, alza de tasas de interés, licuación de salarios y jubilaciones que ajustan debajo de la inflación, alza de tarifas en los servicios públicos: están todos los componentes de un ajuste clásico.
En la vida hay que elegir”, decía el eslogan de campaña electoral del kirchnerismo. Y el lema, por las ironías de la política argentina, está describiendo con exactitud la situación en la que se encuentra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: enfrentado a una escasez de recursos financieros y al colapso de la infraestructura se ve obligado a elegir la medicina amarga que siempre había rechazado.
Devaluación, alza de tasas de interés, licuación de salarios y jubilaciones que ajustan debajo de la inflación, alza de tarifas en los servicios públicos: están todos los componentes de un ajuste clásico.
Pero no solo eso: según analizan los economistas más influyentes, las medidas económicas más recientes revelan que el gobierno ha hecho una clara elección por el enfriamiento de la economía, como única forma posible de recuperar la estabilidad.
“El gobierno se juega a un dólar a $8 con un alza de las tasas de interés, pero para que resulte requiere una recesión”, diagnostica el economista Carlos Melconian, convencido de que el enfriamiento de la economía durará, como mínimo, un trimestre.
Otros expertos comparten esa visión. Como Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, quien afirma: “El ajuste ya comenzó desde la política monetaria, con devaluación y subida de tasas de interés, y posiblemente sea inminente un incremento en las tarifas”.
Para este analista, el gobierno ha llegado a esta situación “forzado por la situación donde casi ya no existe margen alguno para ignorar los desequilibrios y financiarlos con reservas y emisión como en los últimos años”.
También el economista Enrique Szewach señala que, tras haber caído en un exceso de gasto público, “el resultado es el habitual para estos casos: déficit fiscal, devaluación, creciente inflación, pérdida de reservas, estancamiento del nivel de actividad, endeudamiento, caída del salario real y, finalmente, shock de ajuste por las malas”.
En definitiva, lo que se percibe es que lo que está en marcha no es ni más ni menos que un plan recesivo, por más que el discurso oficial argumente que las medidas van en el sentido de impedir un “ajuste ortodoxo”.
“Lo cierto es que la estrategia apunta a ganar grados de libertad en el manejo de las variables en los próximos 21 meses apuntando a transitar un 2015 más holgado a costa de una tasa de inflación más elevada y un freno mayor en el nivel de actividad”, apunta el influyente Miguel Bein, para quien el año terminará con una caída de 1,5% del PIB.
El ajuste “progresista”. En un contexto de ajuste, la primera variable es, obviamente, la devaluación, una medida que el kirchnerismo criticó, durante toda la campaña de las elecciones legislativas, por ser un sinónimo de pérdida de poder adquisitivo.
Suena raro escuchar al ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando afirma que no hay motivos para el traslado del aumento del dólar a los precios. Pero ese es apenas el primer capítulo del ajuste. Porque luego de la devaluación llegó la suba de las tasas de interés, una medida adoptada con el objetivo de “planchar” al dólar blue, pero al que muchos economistas ven como claramente recesiva. “Este es un ajuste ortodoxo y se está aplicando lo peor de la receta monetarista, con una brusca suba de la tasa de interés, por lo cual los que van a sufrir van a ser los trabajadores”, se despachó Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica y asesor económico de Sergio Massa.
Otra voz influyente que se muestra muy crítica de este punto es Javier González Fraga, extitular del Banco Central, quien no duda en calificar a las nuevas medidas de “monetaristas”, todo un insulto para los economistas del ala “progresista”.
González Fraga recomienda recordar las experiencias negativas del pasado cuando se intentó atacar los problemas económicos mediante una brusca contracción de la cantidad de dinero: “Una elevación brusca de las tasas de interés libres no hará otra cosa que transformar este estancamiento en recesión, deteriorando la calidad crediticia, y aumentando la incobrabilidad en el sistema financiero, que aún goza de muy buena salud”.
Y hace esta advertencia inquietante: “Lo que nos falta, para terminar de complicar el panorama, es que en un año aparezcan rumores sobre la solvencia de algunos bancos”.
La hora de pagar la factura. Pero hay más medidas para agregar al neoajuste ortodoxo.
Otra de las que resultan inevitables en un momento de escasez de divisas es el cierre de las importaciones.
Ya está quedando en evidencia con la reticencia del Banco Central a vender todas las divisas que piden los importadores, entre los cuales se encuentran algunas de las “niñas mimadas” del modelo, como el polo electrónico de Tierra del Fuego.
El Estudio Bein calcula que este año las importaciones caerán 5,8% respecto del año pasado, como forma de preservar un saldo positivo de US$ 15.600 millones en la balanza comercial, que pueda hacer de “colchón”.
Según Marina Dal Poggetto, analista del Estudio Bein, para que crezca un punto del PIB se necesita que aumenten tres puntos las importaciones.
“El tema es que no se puede dejar de importar energía; entonces se puede caer en un freno a las otras importaciones, lo cual va a derivar en un freno de la actividad, salvo que encuentren los mecanismos para que los dólares entren por el lado financiero”, afirma.
Ese camino, por cierto, también está siendo intentado por Kicillof, por ahora sin éxito luego de sus incursiones en China y en París. En todo caso, recurrir al financiamiento externo es también uno de los puntos de la “lista negra” que se había afirmado que no se adoptaría.
Finalmente, si hay un punto que falta para que esta nueva fase del modelo se transforme en un ajuste clásico es la baja en el poder adquisitivo de los salarios, que sufrirán una licuación por la inflación.
“La verdad es que en un contexto como este es cuando resulta más fácil hacer un ajuste. Me resulta difícil pensar que las paritarias del sector público superen el 28%, y estamos hablando de una perspectiva de inflación que puede llegar al 35%, por lo que es muy factible que haya una baja real del gasto público por la caída salarial”, afirma el economista Federico Muñoz.
Además, hay que considerar una inexorable reducción de subsidios a la energía. Como siempre recordaba Kicillof, el subsidio debe ser considerado parte del salario, porque “libera” una importante porción del ingreso familiar para que pueda ser destinado al consumo.
La reducción que vendrá, entonces, implicará una caída del poder adquisitivo.
En definitiva, los economistas prevén un ajuste fiscal mediante la devaluación y la inflación. Un contexto en el que, como afirma Bein, se puede “seguir ‘agregando derechos’ que se licuen en simultáneo”.
