El jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, afirmó que "el tiempo le ha dado la razón a Argentina" en el conflicto de deuda con los fondos especulativos y ratificó que la intención del país es continuar con la misma estrategia, sin aceptar "extorsiones".

Durante su rueda de prensa diaria, el funcionario subrayó que el gobierno no está dispuesto a "extorsiones de ninguna naturaleza" por parte de "acreedores privilegiados por una sentencia que es vergonzosa y genera un repudio generalizado del universo jurídico de carácter internacional".

"El tiempo le ha dado la razón a la República Argentina", recalcó y añadió que la postura argentina "no ha variado en el sentido de pretender condiciones de negociación justas, equitativas y sustentables para el 100% (de los acreedores)".

Las declaraciones del jefe de ministros llegaron después de que Paul Singer, titular del fondo NML y uno de los impulsores de la querella contra Argentina en los tribunales de Nueva York, declarara a los medios estadounidenses que es "difícil" predecir lo que va a hacer Argentina pero que "es mejor si se sienta a negociar".

NML y otros fondos especulativos compraron el 1,3% de los bonos estatales argentinos en mora desde la crisis económica de 2001 y denunciaron al país para cobrar íntegramente la deuda, tras rechazar los canjes de reestructuración propuestos por el Gobierno argentino en 2005 y 2010 (aceptados por el 93% de los acreedores).

La Justicia estadounidense falló a favor de los litigantes y ordenó a Argentina a pagar a los fondos especulativos US$1.300 millones, más intereses.

Como parte de la aplicación de la sentencia, los tribunales estadounidenses mantienen bloqueados los fondos enviados por Argentina para pagar los dos últimos vencimientos de la deuda reestructurada, con lo que el país se mantiene en una situación de impago técnico.

Argentina aduce que no puede cumplir el fallo debido a que la denominada cláusula R.U.F.O. (siglas en inglés de 'derecho sobre futuras ofertas') de los contratos de la reestructuración impide pagar más a otros acreedores que a los que aceptaron las quitas de los canjes.

Dado que esa cláusula vence el próximo 31 de diciembre, hay expectativas de una posible negociación para encontrar una salida al conflicto en 2015.

Sin embargo, Capitanich manifestó hoy que el Gobierno no va "de ninguna manera a convalidar estrategias que beneficien a un grupo minúsculo, que pretende alterar los procesos de reestructuración de deuda soberana".

Capitanich recordó que, en junio, tras quedar en firme la sentencia, desde los sectores opositores al oficialismo se defendió que "Argentina debía pagar la sentencia y arreglar a cualquier precio, porque temían efectivamente la aceleración (de los reclamos) por parte de los acreedores, y esto no ha ocurrido".

"La posición de la Argentina es siempre la misma. Tenemos una ley de pago soberano, un marco jurídico acordado en el Congreso y una Constitución que respetar", dijo.

Asimismo, señaló que "la estrategia de negociación" ha sido siempre de "predisposición" al diálogo pero solo con "condiciones de negociación que sean justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 % de los bonistas".