Los analistas coinciden en que si se generalizan aumentos del orden de 30%, nivel reclamado por muchas ramas, la inflación superaría en 2010 el 25% esperado por los economistas.

Buenos Aires. Renovadas pujas salariales presionarían más los precios de los servicios en Argentina, lo que empujaría al gobierno a elevar gastos en subsidios para impedir ajustes generalizados en tarifas reguladas a poco más de un año de las elecciones presidenciales, estiman analistas.

Los precios minoristas en Argentina tuvieron un fuerte repunte entre diciembre y marzo, impulsados principalmente por subidas en alimentos, y analistas económicos afirman que en los próximos meses los focos de inflación podrían ser más elevados en los servicios.

Los analistas coinciden en que si se generalizan aumentos salariales del orden de 30%, nivel reclamado por muchas ramas de la actividad económica, la inflación podría superar en 2010 el 25% esperado por los economistas.

Las estadísticas oficiales de inflación han dejado de ser un parámetro para esas negociaciones, dado que el ente estatal que las elabora, el Indec, es cuestionado por analistas, opositores y hasta por empleados, que afirman que manipula datos en busca de réditos políticos y económicos para el gobierno.

El Indec niega la manipulación, pero el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos se ha hecho evidente en los últimos años y el sector público ha debido convalidar ajustes salariales de porcentajes hasta tres veces mayores a los de la inflación oficial.

"El aumento de los costos generado por las subas salariales en algunos casos es, diría, inmediato. Colegios privados, prepagas (seguros médicos), expensas (condominios), peluquería, en todo lo que tiene un alto componente salarial, el aumento es prácticamente inmediato", dijo Marina Dal Poggetto, economista de la consultora Bein y Asociados.

Pero de cara a las elecciones presidenciales de 2011, los analistas indican que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández no permitirá aumentos en las tarifas de servicios públicos, prácticamente congeladas desde la crisis económica del 2001/2002.

El gobierno comenzó a intervenir empresas de servicios públicos con dificultades financieras por tarifas congeladas y costos crecientes, algo que obligó al Estado a elevar el gasto público.

Desde 2003, cuando el peronista Néstor Kirchner fue electo presidente, el gobierno estatizó la mayor concesionaria de agua potable y saneamiento básico del país, Aguas Argentinas, la empresa de correos y telégrafos, líneas de ferrocarriles y la compañía Aerolíneas Argentinas.

La distribuidora de gas Metrogas, que también enfrenta problemas financieros por el congelamiento de tarifas, fue intervenida este jueves.

Menos inversión, más subsidios. Los subsidios estatales para el funcionamiento de servicios de electricidad, gas y transporte, entre otros, que en 2004 eran de cero se elevaron hasta unos US$9.000 millones el año pasado, y actualmente representan 15% del gasto primario, según datos de la consultora Economía & Regiones.

"Con subas salariales de 30%, la contrapartida del aumento en los costos es una menor inversión privada, compensada en parte con una mayor inversión pública y con un traslado de gasto público en forma de subsidios para compensar la ecuación económica", agregó Dal Poggetto.

El creciente gasto estatal es apuntado por analistas económicos como uno de los principales factores inflacionarios.

"Yo creo que puede generar una estocada de la inflación (las negociaciones salariales). En parte por las paritarias, que es el mecanismo de transmisión, y en parte porque hay razones como el crecimiento del gasto público y la emisión monetaria", indicó Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados.

El poderoso sindicato de camioneros, aliado del gobierno y cuyas negociaciones por salarios son referencia para otros gremios, pidió un alza salarial de 31% la semana pasada, y los empleados gastronómicos lograron recientemente un aumento del 35%.

Ernesto Kritz, analista en economía laboral y políticas sociales, dijo que la pérdida de poder que el oficialismo sufrió el año pasado en las cámaras legislativas aumentó el poder de negociación de los gremios.

Por eso, si los gremios logran reabrir negociaciones por salarios, "le va a resultar muy difícil al gobierno que los acuerdos se cierren por debajo del 30%", concluyó.