El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siempre fue adepto a las teorías conspirativas: ante cada problema social o económico, tuvo siempre a mano un sospechoso de estar provocando una desestabilización.

Así, han sido acusados, sucesivamente, las empresas petroleras por no invertir o por acaparar nafta, los supermercados por generar inflación, los bancos por promover corridas cambiarias, las recolectoras de residuos por crear caos urbano, los productores rurales por la insólita escasez de trigo…, y la lista continúa. Esa tendencia confrontativa se ha agudizado conforme los problemas de la economía se han hecho más evidentes, hasta alcanzar en estos días su punto máximo. Hoy, a juzgar por las actitudes y declaraciones de los funcionarios K, el país está llegando a un escenario de conflagración entre el gobierno y un sector privado que apunta todas sus energías a desestabilizarlo.

En ese contexto, una imprenta que quiebra puede ser acusada de estar motivada por una causa política pro buitre, porque años atrás una porción minoritaria del capital en la casa matriz estuvo en manos de un fondo de inversión vinculado con Paul Singer.

Esta semana, el turno fue para las automotrices, acusadas por Fernández de “encanutar” autos, probablemente porque especulan con una suba en la cotización del dólar. La denuncia de la presidenta estuvo motivada por el flojo resultado de un plan oficial para incentivar la venta de vehículos 0 kilómetro con créditos subsidiados. Fernández comentó que había casos de usuarios que, tras haberse anotado para adquirir estos autos y haber recibido la aprobación para el crédito, se enfrentaban a demoras injustificadas por parte de las concesionarias.

El hecho de que Fernández haya visto una conspiración por parte de las automotrices causó sorpresa, porque es un sector que está sufriendo la recesión más que ningún otro: con un desplome del 40% en sus ventas respecto del año pasado y con 12.000 obreros suspendidos, no parece estar en situación de “encanutar” stocks solo por un motivo político.

Pero Fernández no lo ve de esa forma y les dedicó dos duros discursos, además de una amenaza de cortar el suministro de dólares para el pago de deudas de las terminales con sus respectivas casas matrices. Pasando de las palabras a los hechos, en los últimos días, inspectores estatales empezaron a relevar las plantas automotrices y las concesionarias. 

Los sojeros son candidatos. La polémica coincide, además, con el tratamiento parlamentario de la ley de abastecimiento, que ha despertado una fuerte resistencia por parte de las cámaras empresariales. Este proyecto, que ya cuenta con media sanción del senado, tiene el fin declarado de proteger a los consumidores. Para ellos, habilita la intervención estatal en varios eslabones de la cadena productiva y comercial, incluyendo la potestad de establecer precios máximos, márgenes de ganancia y niveles de stocks. Los más alarmistas han llegado a hablar de un intento de “sovietización” de la economía, y el gobierno no ha ayudado mucho a disipar esos temores, dado que uno de los asesores que ha llegado desde el exterior para compartir su experiencia es el hijo de Nicolás Maduro. Aunque los funcionarios K han intentado disipar temores y hasta alegan que la nueva ley suaviza otra de los años de 1970 que sigue vigente, lo cierto es que las expresiones de preocupación se han intensificado. Quienes se sienten un blanco seguro de la intervención estatal son los productores rurales, en particular los sojeros, que acumulan su cosecha en las silobolsas.

De una cosecha de 55 millones de toneladas de soja, hay todavía 25 millones que no han sido comercializados, lo cual supone un tema altamente conflictivo en un momento en el que el país padece la escasez de dólares.

Ya en los años anteriores, la base de apoyo político kirchnerista más proclive a las medidas radicales había reclamado que el gobierno, aduciendo un interés superior, interviniera los stocks agrícolas y, de esa forma, proveyera las divisas que se le estaban retaceando a la economía.

Hasta ahora, el gobierno no se ha animado a dar ese paso –para el cual existen obvios impedimentos legales– pero empiezan a acumularse señales. Por ejemplo, que la autoridad impositiva haya pedido a los productores que proporcionen la posición georreferenciada de sus depósitos. “Nos cuesta creer que esta conjunción persecutoria sea inocente. Parece querer avanzar en la confiscación física, porque si no ¿para qué piden la ubicación de los granos y por qué están dotando al secretario de Comercio de estos superpoderes por encima de la Justicia?”, plantea Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria.

Lejos de negar que los productores “encanuten” la soja, Buzzi reivindica esa acción como una legítima defensa del patrimonio en un momento de incertidumbre: “Disponemos reservas por la mitad de la cosecha de soja. No por especulación voraz, sino porque la economía es un desastre, porque no hay confianza, no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué pasa con la inflación. Entonces, el productor reservó su cosecha de soja en defensa propia y no en una actitud devaluacionista”. En todo caso, el premio para el gobierno no sería menor: al precio vigente, la venta compulsiva de todo el stock sojero implicaría un ingreso de US$10.000 millones al Banco Central y de $ 30.000 millones argentinos para el fisco. 

La gran pelea nacional por los dólares. No faltan quienes creen que toda la polémica es injustificada porque, aunque la ley de abastecimiento sea aprobada, tiene altas probabilidades de ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. De todas formas, lo que queda en evidencia es la reinstalación de viejas tendencias defensivas que no se veían con esta intensidad desde los años de 1980. 

“La presidenta dio en el clavo al hablar de la tendencia a encanutar, porque lo que se viene en la Argentina es una guerra de ver quién puede encanutar más”, plantea el analista Guillermo Kohan. Desde su visión, es inevitable que las empresas acumulen mercadería como forma de defenderse de la inflación y las expectativas devaluatorias, así como las medidas gubernamentales pueden obligar a vender a pérdida.“Si se obliga a vender a precios que no son de mercado, la reacción natural es tratar de preservar el capital. Entonces los empresarios encanutan stocks, de la misma forma en que el gobierno encanuta los dólares”, agrega. Los hechos parecen darle la razón: en un mercado donde se descuenta que habrá una devaluación, los empresarios que cuentan con un componente dolarizado importante tienen más para ganar reteniendo mercadería que liquidándola.

En otras palabras, se repite una situación clásica de la historia económica argentina: todos huyen del riesgo de la moneda nacional y buscan refugio en activos que se rijan por el precio del dólar. No por casualidad, los ahorristas volvieron masivamente a comprar dólares, y solo en la semana pasada se llevaron 172 millones, prácticamente el tope de lo permitido por la regulación