Argentina ultima este domingo los detalles de la estrategia que defenderá esta semana en la negociación con los fondos especulativos que reclaman una deuda de unos US$1.300 millones, más intereses, y cuyo resultado será decisivo para evitar que el país declare suspensión de pagos.

Una delegación de representantes del Ejecutivo de Cristina Fernández se reunirá este lunes en Nueva York con Daniel Pollak, el mediador designado por el juez Thomas Griesa -responsable del fallo adverso a Argentina en el litigio abierto por fondos especulativos en reclamo del pago de la deuda- para tratar de avanzar en las negociaciones entre el Estado argentino y los fondos buitre.

"Qué funcionario va ir es lo de menos. Va a ir una representación muy calificada del Gobierno argentino para llevar la mejor negociación posible, una negociación tiene una dinámica inesperada", afirmó el viernes el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una rueda de prensa.

Si bien no ha habido confirmación oficial, medios locales apuntan que los representantes elegidos por Kicillof son el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario del área Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Federico Thea, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament.

Argentina se encuentra en una encrucijada sobre el acatamiento de la sentencia de Griesa, favorable al 1% de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar íntegramente la deuda pública en mora desde la crisis de 2001, en plena carrera contrarreloj para evitar caer en default (cese de pagos) con los bonistas reestructurados (el 92,4 %).

La sentencia dificulta que Argentina siga pagando a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda planteados por el Gobierno en 2005 y 2010, con importantes quitas, si no cumple antes con el desembolso a los fondos buitre.

Si paga a los litigantes, Argentina se expone a futuras demandas del resto de bonistas para cobrar también la deuda íntegra, que podría ascender, en total, a la impagable suma de US$120.000 millones.

El próximo 30 de julio se cumplirá el plazo de gracia que, por contrato, Argentina tiene para pagar el vencimiento con los acreedores reestructurados correspondiente al pasado 30 de junio.

Pese a que el Gobierno argentino realizó a finales de junio el depósito correspondiente a dicho vencimiento, los intermediarios designados, como el Bank of New York, no han hecho llegar el dinero a los bonistas porque el pago fue declarado "ilegal" por Griesa.

Para el Ejecutivo de Cristina Fernández, que insiste en que su intención es pagar en condiciones "justas, equitativas y legales" al 100 % de los acreedores, esta decisión es "insólita" porque impide a terceros cobrar lo que es suyo.

"Argentina quiere pagar, pero sobre todo va a pagar su deuda reestructurada que es un trabajo muy arduo, de mucha negociación, que nos llevó a un rotundo acogimiento, 92,4%", reiteró Kicillof en su última comparecencia ante los medios.

El ministro apuntó también que "hay novedades todos los días" que hacen variar el equilibrio de fuerzas y señaló como ejemplo que hay "un grupo importantísimo de bonistas reclamándole al juez el cobro de Nueva York".

Mientras tanto, Argentina ha seguido una estrategia en busca de apoyos internacionales para generar conciencia sobre el riesgo que supone la sentencia de Griesa para el sistema financiero internacional, ya que es un precedente que pone en peligro las posibilidades de los países de reestructurar su deuda soberana.

En la reunión de este lunes no participarán los representantes de los fondos litigantes, que ya han anunciado que aceptarían un pago con bonos como el que planteó Argentina a Repsol para compensar a la petrolera española por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF.