Buenos Aires. Argentina quedó este jueves liberada para negociar con los fondos especulativos que ganaron el litigio en Estados Unidos tras caducar la cláusula legal que le impedía pagar a los querellantes en mejores condiciones que las acordadas con los inversores que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Hasta ahora, Argentina se había escudado en esta cláusula, incluida en los contratos de los canjes y que vencía este 31 de diciembre, para incumplir con un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa y confirmado por el Supremo estadounidense.

El fallo obliga a Argentina a pagar a los demandantes, en un solo pago y sin quitas, US$1.330 millones, más intereses, por bonos en mora desde 2001 que no ingresaron en las reestructuraciones.

El proceso de negociación es una incógnita ya que ninguna de las partes ha mostrado sus cartas y, más bien, ha optado por mostrarse inflexible en los últimos días.

Los litigantes, liderados por el fondo NML, cuentan con un fallo firme a su favor, mientras que el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, insiste en que no negociará a cualquier coste y que todo dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder los querellantes.

Mientras el país suramericano no llegue a un arreglo con los querellantes, su perfil crediticio seguirá afectado por el estatus de "cese de pagos selectivo" que le impusieron calificadoras de riesgo internacionales a inicios de agosto pasado.

"La estrategia del gobierno nacional es siempre la misma; se pretenden condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas", insistió el pasado lunes el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich.

El ministro aseguró que "el gobierno no va a aceptar extorsiones de ninguna naturaleza y, a su vez, va a respetar escrupulosamente la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio".

De momento, no hay reuniones acordadas entre funcionarios del Gobierno argentino y los querellantes, ni con Daniel Pollack, el negociador designado por Griesa, para intentar buscar una solución al litigio.

En tanto, los litigantes con sentencia firme a su favor presionan para que la Justicia estadounidense unifique el caso sumando las causas de otros demandantes contra Argentina que no tienen aún un dictamen a su favor.

Según medios locales, estos acreedores, denominados "me too" ("yo también"), serían un centenar, entre inversores particulares y fondos de inversión, y sumarían demandas por US$4.400 millones.

El director ejecutivo de NML Capital, Jay Newman, aseveró días atrás en una entrevista con el diario La Nación, de Buenos Aires, que Argentina tiene capacidad para pagar a todos sus acreedores.

"No hay rehenes en esta situación, solamente acreedores que no cobraron. Argentina tiene la capacidad para pagarles a todos sus acreedores. Es un país miembro del G20 con vastos recursos naturales que simplemente se rehúsa a pagar", sostuvo Newman.

Destacó que "el cumplimiento de la Argentina con sus contratos le traerá beneficios a su economía", que presenta signos de deterioro, y aseguró que el magnate Paul Singer, principal socio de NML, estaría dispuesto a cobrar a través de una combinación de efectivo y de bonos emitidos por Argentina.

Mientras el país suramericano no llegue a un arreglo con los querellantes, su perfil crediticio seguirá afectado por el estatus de "cese de pagos selectivo" que le impusieron calificadoras de riesgo internacionales a inicios de agosto pasado, luego de que Griesa bloqueara pagos destinados a acreedores de la deuda reestructurada argentina a los fines de hacer cumplir su sentencia.

El caso, sin precedentes a nivel internacional, tiene un final abierto y hasta es posible que ni siquiera lo finiquite el actual Gobierno argentino, que no declaró el cese de pagos de 2001 pero que sí es artífice del canje y cuyo mandato concluirá el próximo 10 de diciembre.